Memento político prerrevolucionario

Encarándose con la autocracia porfirista, don Justo

Sierra, el ilustre educador, dejó escapar una frase eco del

dolor popular y luminosa síntesis de nuestra historia:

El pueblo mexicano tiene hambre y sed de justicia a

eso se reduce bien vista, la historia de México. En esos

dos renglones quedan descritos, aclarados y explicados

los siglos que pasaron, la época presente y la etapa de

reparación que reclama de modo imperioso el porvenir.

Del estudio y análisis de la reforma judicial reciente, llevado a cabo por el Conanp México, resulta que es imprescindible y urgente el rescate del sistema judicial, estamos ante situaciones similares a las de aquella autocrática época prerrevolucionaria ante la inminente caída de Porfirio Díaz.

La coyuntura política que vive la nación y la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana hacen oportuno un recordatorio del periodo inmediato anterior a este conflicto armado, particularmente el sometimiento y control que ejercía el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y Judicial.

La crisis económica, las brutales represiones y la descomposición política hicieron patente la inconformidad social y Díaz recibía más críticas que adulaciones; el descontento social crecía aceleradamente.

En el Congreso se vivían formas similares a la que hoy se presentan, con un agregado: la espuria sobrerrepresentación, fuente de todo mal que con su aprobación ciega a reformas constitucionales y de leyes virtuosas como la de amparo han propiciado el resquebrajamiento del Estado de derecho, el sometimiento de las cámaras y de los congresos estatales, coautores y cómplices de tal destrucción.

Nunca, bajo el gobierno de Díaz, se formaron las cámaras por la votación del pueblo. El personal que las integraba, era todo seleccionado por el presidente Díaz, quien tenía favoritos reconocidos a quienes constantemente protegía, y que nunca dejaron de ser diputados o senadores. Inútiles, pero ligados con el caudillo por una rancia amistad o por servicios personales. Jóvenes ineptos, pero recomendados por padrinos influyentes, ocupaban también los escaños del Congreso. Muchos de ellos asistían poco o nada a las sesiones, porque tenían negocios particulares o comisiones.

Instaladas las cámaras, después de la selección final hecha por el presidente, la Comisión Permanente era siempre nombrada a gusto y placer de éste. Todas las comisiones de igual forma, a fin de que no se hiciese nada sin su conocimiento y consentimiento. Por lo general no había iniciativas más que del gobierno y éstas ni se discutían, era inaudito que se votase en contra de las mismas.

La justicia federal se formaba de la misma manera que el Congreso, el presidente en persona designaba sus candidatos, y mandaba la lista a la Cámara de Diputados para que la votase. El nombramiento de los magistrados no era más que uno de tantos negocios que se resolvían de acuerdo con la consigna. No había candidatos parlamentarios para integrar aquel alto cuerpo; nunca se formó una lista extraoficial para nombrar personas no adictas a Díaz, pero dignas de recibir esa alta investidura. Y, una vez instalada la Corte, nombraba magistrados de Circuito y jueces de Distrito por el mismo procedimiento y con la misma sujeción al presidente.

Los funcionarios judiciales tenían libertad de acción y de voto en todos los negocios que iban a su conocimiento, menos en aquellos en los que se mezclaba el presidente, porque éstos eran resueltos, sin excepción, a gusto de dicho mandatario.

Por supuesto que, entre esos personajes administradores de la justicia, hubo algunos muy distinguidos y honorables, que no se prestaban a aquellos manejos, y que obraban siempre según su conciencia; mas la existencia de esos magistrados inflexibles era una mera excepción, muy honrosa en verdad, pero nada más que una excepción.

La regla era general. Todo negocio recomendado por Díaz era fallado favorablemente; todo negocio condenado por Díaz, también lo era por jueces y magistrados.