La trampa del acordeón

El que hace trampa es porque

no tiene coraje para ser honesto.

Mario Benedetti

Frase cotidiana de nuestros tiempos mozos, en juegos, exámenes y prácticas juveniles: “La trampa nunca se logra”, hoy con la transformación (sic) todo apunta a pensar que, en la reforma judicial de marras, ahora sí la trampa, la trapacería con la que condujeron los actores la elección judicial se impuso sobre la verdad, honestidad y justicia, que contrasentido: transformar a la “la justicia con la injusticia”.

La trampa de la elección judicial arrancó con una reforma amoral, inmisericorde y despiadada, orquestada desde el Poder Ejecutivo y que el Constituyente Permanente aceptó, aprobó sin razonarla, discutirla y debatirla; en suma, corregirla, violando el debido proceso legislativo que exige un cumplimiento puntual, máxime en tratándose de una reforma constitucional.

Amoral, pues se llevó a cabo con una falta de conciencia, es decir sin una concepción del mal que ocasionaría inmisericorde, pues sin consideración alguna, arrebató años de esfuerzo, dedicación y preparación, haciendo a un lado la esperanza, atropellando un proyecto de vida e ignorando el principio fundamental de la meritocracia despiadada, pues en su arbitrariedad dejaron el destino de cientos de juzgadores al azar y a la estúpida suerte de un tómbola, como si la justicia fuera un juego de naipes. Promesas incumplidas de indemnizaciones y pagos de jubilación y derechos arrancados.

Se convocó a la ciudadanía para elegir a los juzgadores personas que ya habían sido elegidas por el partido oficial, en contubernio con los poderes Ejecutivo y Legislativo, en una elección complicada y absurda que no despertó el interés social, en la cual prevaleció el abstencionismo y la desconfianza (anulación del voto). Los malditos acordeones fueron ostensiblemente repartidos a los “acarreados”.

La Sala Superior del TEPJF, dividida por intereses internos y presiones políticas, decidió reinterpretar las reglas ya aplicadas y dar un golpe a la certeza jurídica al modificar los criterios de asignación y paridad una vez concluidos los comicios y conocidos los resultados.

Esta medida, injusta y claramente dirigida, no responde a una necesidad real de equidad de género —pues más de 60% de los espacios fue legítimamente obtenido por mujeres—, sino a una estrategia de poder que utiliza un principio noble como herramienta para imponer una agenda: ¿A quién querrán subir o bajar del barco? La pregunta surge, pues no podemos soslayar que entre los jueces y magistrados electos, hay gente apta y muy preparada que sabrá responder al enorme reto.

Cambiar las reglas al final del proceso es antidemocrático e inconstitucional: el artículo transitorio décimo primero del decreto de reforma al Poder Judicial prohíbe expresamente cualquier reinterpretación. Con esta decisión, se despoja de sus constancias de mayoría a quienes ganaron limpiamente en las urnas, se vulnera la voluntad popular y lesiona aún más al Estado de derecho.

Lo que está en juego ya no es sólo una elección, sino también la confianza ciudadana en nuestras instituciones y la legitimidad de los próximos juzgadores. Es de afirmarse que la democracia no resiste caprichos ni cálculos políticos disfrazados de legalidad, se abre la puerta a una aplicación ilegitima de la Constitución.

Las resoluciones del TEPJF, de suyas contradictorias y absurdas, por un lado reconocen al INE competencia para verificar los requisitos de elegibilidad al momento de asignación de cargos, y ahora le niega lo relativo al promedio mínimo de calificaciones exigido para acceder al cargo de juez o magistrado, movimientos erráticos que provocan incertidumbre y desconfianza (45 juzgadores no cumplieron con el promedio).

Qué decir de la resolución del INE sobre los acordeones, infringe la teoría del derecho sobre la prueba, encubre una conducta ilegal y permite que juzgadores (177) arriben al Poder Judicial, incluida la SCJN, con el antecedente de haber sido sancionados.