¿Justicia y gracia o justicia a secas?

La justicia consiste en el respeto espontáneo y mutuamente

garantizado de la dignidad humana, cualquiera que sea

la persona a que se refiera y en cualquier circunstancia,

y sean los que fueren los riesgos a que su defensa pueda exponernos.

Proudhon

El planteamiento que hiciera en su campaña AMLO respecto a su concepción de una cuarta transformación era llevar al país a un cambio de raíz como lo tuvo con estos tres acontecimientos históricos: la Independencia, las Leyes de Reforma y la Revolución Mexicana.  Nuestra historia patria consigna puntualmente las transformaciones que México sufrió, siempre con el objetivo claro de alcanzar la prosperidad, la igualdad, la libertad, la justicia, en suma, el bien común; cambios evidentemente sustanciales que históricamente le fueron dando la naturaleza de un Estado de derecho sin perder su identidad.

La 4T resulta incongruente en el terreno de los hechos con los principios libertarios de independencia, de reforma y de la revolución, que son el origen y el fundamento en la construcción de una democracia republicana; la justicia, la libertad y el derecho son divisas incanjeables en el desarrollo de una nación modelo con las legítimas aspiraciones de los mexicanos.

El movimiento de Independencia es el nacimiento de una nación soberana que buscaba en la concepción del Estado la mejor fórmula para alcanzar el bien común. La Reforma es el proceso de transformación hacia un Estado laico durante un periodo doloroso para el país en el que se alcanzó un cambio social de una estructura política colonial e imperial posteriormente. La Revolución Mexicana transforma al Estado mexicano de manera sustancial y le da la personalidad de un verdadero Estado de derecho con la promulgación de la Constitución Política de 1917.

No se entiende el proyecto de la 4T si las modificaciones propuestas, los arrebatos ejecutivos, y la docilidad exagerada del Legislativo se hacen uno, vulnerando la identidad de la democracia republicana, que como expresión soberana exige la conducción del buen gobierno.

Cada mañana, los informes presidenciales nos conducen a nuevos rumbos, pareciera que los puertos de destino no existen, que las rutas tomadas carecen de congruencia y que el agravio y acusaciones hacen presa de personas e instituciones a las que se les desconoce el principio sagrado de la presunción de inocencia.  La reforma constitucional que nos introdujo al nuevo sistema de justicia en junio de 2008 y que, después de una vacatio legis, entrara en vigor 8 años después no ha dado los resultados apetecidos y más aún es cotidianamente soslayada por los arrebatos ejecutivos; el dedo flamígero del Presidente que arroja acusaciones, como diría Ortega y Gasset, “a tontas y a locas” somete a la soberanía a un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica en la que, por decir lo menos, condiciona el cumplimiento de las leyes a la consulta popular; si existen elementos para encausar a persona alguna deben estar fundados y motivados, y la acusación o querella es obligatoria para servidores públicos de cualquier nivel, cuando toman conocimiento de la probable comisión de un delito (así lo establecen las leyes de la materia), a las fiscalías autónomas es a quienes corresponde ejercer las acciones penales en consecuencia y en este renglón cabe resaltar que la Fiscalía General de la Nación ha encontrado en el camino de la discreción y la eficiencia la forma adecuada de cumplir con sus obligaciones (el fiscal general, un profesional del derecho que desde hace varias décadas conoce las entrañas de la otrora PGR y que le apostó en su momento, a su transformación con, entre otras acciones la capacitación y profesionalización de su personal, cuando en 1974 impulsó la reforma a la Ley Orgánica de esta institución para darles prioridad a estas tareas).  No así, en el caso de fiscalías estatales o de la PGJ de la CDMX, que inexplicablemente ha retrasado su “transformación” a fiscalía.  Esta institución sigue padeciendo los vicios y prácticas mañosas de antaño ante la sordera y ceguera de los funcionarios encargados de la sensible procuración de justicia.

Son notorias la ineptitud, la inexperiencia y el desdén a las credenciales académicas y preparación de muchos servidores públicos y, en su caso, a sus antecedentes como cuestionables servidores públicos, no sólo en el área de justicia, sino, como lo hemos apreciado recientemente, en las tareas de ciencia, tecnología, cultura y alta especialidad, como las de telecomunicaciones y notoriamente en las delicadísimas responsabilidades de la industria petrolera.

Cualquier transformación por su naturaleza exige un cambio radical sin perder de vista la identidad y la naturaleza de lo que se transforma.  ¡Es tiempo de rectificar!