Elecciones disformes

En ningún caso es más objetable la intervención del sufragio popular, que cuando se trata de la designación de funcionarios judiciales, enseña Stuart Mill: y agrega: “Así como puede decirse que la opinión popular nunca es apta para juzgar de las condiciones especiales y profesionales de funcionarios judiciales, así a la vez, puede afirmarse, que nada hay tan importante como que estos últimos sean absolutamente imparciales y estén libres de compromisos con los políticos”.

La anterior cita del filósofo político Mill, quizá el más influyente expositor del liberalismo clásico del siglo XIX, fue expresada en los debates del Congreso Constituyente que le dio a nuestra nación la Carta Magna más avanzada de su tiempo, que incluía las garantías sociales invocadas por la Revolución Mexicana.

Mill sostuvo que el voto popular era pilar de la democracia, sin embargo, no lo consideraba el vehículo idóneo para la elección de los juzgadores, ya que quienes administran justicia requieren una experiencia y conocimiento especializado de la ciencia jurídica; no siendo aptos para tal designación los votantes comunes en general, pues adolecen de los atributos fundamentales para determinar quiÉnes son los más aptos para juzgar y aplicar la ley.

Mill creía que la selección de jueces a través del voto popular podría generar varios problemas, pues la presión de los votantes podría llevar a que los jueces se inclinen por decisiones que beneficien a grupos políticos o sociales en lugar de tomar decisiones basadas en el mérito y la justicia comprometiendo la imparcialidad obligada. Los juzgadores así elegidos, generan una percepción social de parcialidad y se aumenta la desconfianza en el sistema judicial.

La mayoría de los votantes no tienen una comprensión profunda del derecho y del sistema judicial, el procedimiento es complicado y en materia penal, por ejemplo, se confunden las instituciones acusadoras: (fiscalías) con los miembros de la estructura judicial; lo que ha provocado una gran polarización social y el denuesto del propio Poder Judicial.

Evaluar la capacidad de un candidato para ejercer la justicia, requiere de experiencia y no sólo del conocimiento del Derecho, también de otras ciencias sociales para atender múltiples factores, que en el presente proceso fueron desatendidos; baste señalar la meritocracia y el buen desempeño de juzgadores que fueron arbitrariamente desplazados por la reforma de marras.

No basta con campañas que se tocan en sus extremos entre esfuerzo, trabajo consistente y lo burdo y ridículo; sin soslayar que hay mujeres y hombres juristas de verdad, muy valiosos. En resumen, Mill defendía la idea de que la designación de jueces debería estar a cargo de un proceso más riguroso, que considere factores como el mérito, la experiencia y la competencia profesional, en lugar de la elección popular.

La polarización social que se viene arrastrando desde el anterior régimen, ha generado, en el caso concreto, una incertidumbre y desconfianza hacia la justicia en general, que se suma a una aberrante reforma que, plagada de yerros, impuesta por una soberbia mayoría legislativa, ha ido recorriendo un camino de inconsistencias, algunas muy graves, que nos llevan dentro de pocos días a una elección por demás complicada e incomprensible para la ciudadanía.

Polarización social que ha provocado dudas sobre una votación que se confunde entre el derecho y la obligación, lo chusco y absurdo. Un proceso electoral que no respetó sus propias reglas, complicado y opaco, la votación será irregular sin igualdad ciudadana, cayendo en el absurdo de candidatos únicos que precisarán sólo un voto, la falta de directrices para impugnar la elección en manos de un tribunal electoral sumiso ante el ejecutivo.

Gravísimo el conteo de votos sin controles; vamos, ni los mínimos que exige cualquier elección, dejando en manos y al arbitrio del INE dicho recuento.

El cuestionamiento flota en la sociedad civil: ¿votar o no votar?