Acción concertada y sistemática

Afirmar que el pueblo escogió a jueces, magistrados y ministros es una falacia

La democracia requiere la participación activa de todos y la búsqueda constante de diálogo, incluso con aquellos que no comparten las mismas ideas, pero que están comprometidos con el proceso democrático.

Willy Brandt, Premio Nobel de la Paz

La fraudulenta elección judicial, la más baja participación en los últimos 30 años, uno de cada diez ciudadanos acudió a votar, de acuerdo con las estimaciones del INE. 10.80% de votos anulados por los votantes como muestra de rechazo al proceso, otros orientados, comprados o presionados por el oficialismo con los “acordeones de marras” atribuidos al partido en el poder, coincidentes 90% de votos al Tribunal de Disciplina, herramienta fundamental para someter la independencia judicial, el resto con más de 80%, lo que denota un fraude maquinado, concertado y sistemático para destruir al Poder Judicial.

La presidenta del INE declaró que los “acordeones” afectaron el voto libre y secreto, pero no invalidarán el proceso electoral. Por su parte la titular del Poder Ejecutivo descartó el “amaño” (sic) generado por los acordeones que se distribuyeron en la elección judicial e insistió “el pueblo de México eligió a quienes quiere en el Poder Judicial el cual será mejor que lo que se tiene hoy”.

Afirmación de la Presidenta de la República sin sustento, pues baste ver los perfiles de las personas electas, el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad (bajo revisión del INE), las impugnaciones que, seguramente se darán, eliminaciones, etcétera, se deduce que los electos, salvo honrosas excepciones, carecen de los atributos necesarios para ejercer la delicada función jurisdiccional. Lo que es del dominio público no admite prueba en contrario (iuris et de iure).

Por lo que hace a las referencias demagógicas y populistas, es decir la retórica engañosa y manipuladora para lograr el apoyo popular y las estrategias políticas negativas, con un discurso agresivo sobre las instituciones del Estado, apelando a la identidad y pertenencia del pueblo que sólo generan división de la sociedad civil, el oficialismo condujo hasta el fin la destrucción del Poder Judicial.

Para la Teoría del Estado (teoría que conforma el derecho político) el pueblo somos todos, somos ese conjunto de individuos que habitamos en el territorio de nuestro país y que estamos todos unidos por vínculos jurídico-políticos. Se trata de un concepto indivisible y fundamental para concebir la estructura y funcionamiento del Estado, es el sujeto de la soberanía.

Como lo establece nuestra Constitución en el artículo 1º, somos un conjunto de personas que gozamos de los derechos humanos que en ella se establecen y los reconocidos en los tratados internacionales, de los que México es parte y de las garantías para su protección. Prohíbe la discriminación en cualesquiera de sus expresiones que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Los mexicanos, todos somos el pueblo, vinculados por la nacionalidad, leyes comunes y la conciencia de pertenencia política. Somos sujetos de la soberanía nacional fuente de la legitimidad, esenciales para el Estado, bajo una dimensión jurídico-política a diferencia de la población que se refiere a los habitantes de nuestro territorio.

En este contexto el proceso judicial amañado, viciado y fraudulento constituye una flagrante violación a nuestra Carta Magna, al orden jurídico y consecuentemente a la soberanía popular, la legitimidad del gobierno, los derechos y libertades del pueblo entendido como un todo y no sólo un segmento mínimo de ciudadanos. Afirmar que el pueblo escogió a jueces, magistrados y ministros es una falacia, la realidad es que unos cuantos votaron por candidatos que otros pocos eligieron.

El rechazo al proceso fue expresado en las urnas en tres vertientes: abstención, anulación del voto y emisión de votos inducidos sin libertad ni confidencialidad. El costo económico fue exorbitante, pero el daño a la administración de justicia será mayor.

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