La bandera de seguridad social con la que le gusta navegar al gobierno de la Ciudad de México no es nada más que una farsa para cubrir las deficiencias de la política pública que implementa Morena.
El jefe de Gobierno, Martí Batres, presentó su Informe de Gobierno ante el Congreso de la CDMX y, pese a que se pinta todo de color guinda, la realidad contrastante de la capital del país demuestra “otros datos” que no van en línea con los resultados que ellos pintan.
Más allá de los tintes partidistas, que suelen ser el primer pretexto del gobierno morenista, la realidad es que la administración tiene deudas históricas de reivindicación social que sigue arrastrando desde la gestión de Claudia Sheinbaum y que, en la actual administración, no hay ni el más mínimo esfuerzo por retomarlas para dar la seguridad social que vienen pregonando.
En el clásico dicho: lo que no se refleja en el presupuesto, no es prioridad; así recibimos el paquete económico para el próximo año y, sin sorpresa, encuentro que el gobierno sigue en deuda con el Movimiento 469, un grupo de trabajadores que históricamente han carecido de los derechos laborales básicos, como un salario digno superior al salario mínimo.
Justicia aparte, finalmente se les dio un salario superior al mínimo, sin embargo, sigue pendiente la seguridad de la base de la estructura que les garantice el derecho mínimo por el cual han luchado por años.
Nosotros, en Acción Nacional, fuimos los primeros en señalar la ausencia de justicia laboral. Se lo manifesté a Sheinbaum en su momento y lo ignoró, es una causa que no fue prioridad y en la cual sólo se niveló el salario para atender la demanda popular, sin atender el problema de raíz. Flaco favor les hacen que les sigan regateando la incorporación a la base estructural para pago completo de sus beneficios. Eso es una injusticia.
Más grave aún es que la Ciudad de México carecía de estudios actuariales, tal como lo obliga la Ley de Instituciones Financieras de las Entidades Federativas y de los Municipios, que debe actualizarse cada tres años. Esta carencia es fundamental porque no hay, entonces, un estudio de las limitantes salariales.
Es por ello que el déficit actuarial de pensiones, que el mismo gobierno reconoce en su informe, es de 494 mil millones de pesos. Es una bomba de tiempo de recursos que han sido detenidos y deberían estar ahí cotizando para la crear la seguridad que los trabajadores necesitan.