Por una procuraduría de la defensa y la libertad de expresión de los periodistas

El periodismo crítico, que investiga y desnuda la corrupción del actual gobierno está en peligro y es víctima de la persecución y acoso por parte de las autoridades incómodas, lo que resulta por demás preocupante en esta nueva administración y ante el proceso que se avecina para la elección del nuevo fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.

Un ejemplo claro es lo que sucedió con el periodista Humberto Padgett, quien por el simple hecho de ir al Ministerio Público a preguntar sobre el avance de la denuncia que presentó por el delito de amenazas de muerte en su contra y de toda su familia, fue detenido por la Policía de Investigación.

Es evidente que el gobierno seguirá utilizando a las instituciones, en este caso de procuración de justicia, para perseguir a aquellos que los evidencian y muestran el grado de corrupción con que operan, fenómeno que en algún momento dijeron combatir; no obstante, llegaron remasterizados.

Hoy lo podemos decir con toda claridad, lo que se está construyendo es el segundo piso de la tiranía y de la censura en contra de los verdaderos medios de comunicación independientes y que, como hace unos meses, ocupan a la fiscalía capitalina como brazo ejecutor de todos sus enemigos.

La de Ernestina Godoy y Ulises Lara fue una fiscalía de terror, que persiguió y fabricó delitos con total desfachatez en contra de la oposición. Durante un año y medio antes de las elecciones, arremetió con todo sin piedad en contra de los políticos que le resultaron incómodos a la anterior administración.

Luego, la propia institución continuó actuando de la misma manera, pero con una finalidad electoral, amedrentar a los candidatos de la oposición y beneficiar a su contendiente a la Jefatura de Gobierno. Ésa es la misma estrategia que se sigue contra los periodistas, como es el caso del colaborador de Ciro Gómez Leyva, a quien, además de detenerlo de forma ilegal, lo retuvieron más de una hora, para finalmente presentarlo ante un juzgado cívico.

Por si fuera poco, la instancia que debía encargarse de su seguridad y protección fue la misma que, de acuerdo con el propio Humberto Padgett, difundió sus datos personales a los narcos que controlan la venta de droga en la UNAM, aquellos que exhibió en un reportaje.

Además, decidió darle carpetazo a la indagatoria; pero no hubiera sido uno de los funcionarios de la actual administración porque se le hubiera brindado toda la protección del aparato de gobierno, tal y como sucedió en contra del consejero jurídico de la CDMX, Néstor Vargas Solano, quien ahora está candidateado para irse al gobierno federal.

Pero no debe extrañarnos esta forma de operar de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, pues simplemente repite el modus operandi del gobierno federal. Basta echar una mirada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que giró instrucciones a todos los bancos para que les reporte sobre los montos y estados de cuenta bancarios de los periodistas Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola, quienes han presentado reportajes sobre la rampante corrupción de este gobierno.

Los mexicanos tenemos derecho a saber todo de nuestros gobiernos, lo bueno y lo malo que hace. No quiero que se repita lo que está sucediendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus funcionarios, que se dedican a sabotear la libertad de prensa, intimidar periodistas y a tratar de bloquear reportajes que exhiben las corruptelas y las relaciones de los funcionarios de Morena con el narcotráfico.

Como diputado federal propongo cambiar el artículo séptimo de la Constitución y crear la procuraduría de la defensa y la libertad de expresión de los periodistas, para que exista una persona que se encargue de defender el derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo?, muy fácil, cualquier político que abuse de su poder para atentar contra la libertad de expresión, perderá todos sus derechos políticos y no podrá ser nunca candidato a un cargo de elección popular.