Ni crímenes de odio ni fosas comunes para las víctimas

En sesión extraordinaria del Congreso de la CDMX, este jueves fue aprobado un dictamen por el que se modificaron diversos ordenamientos para tipificar el delito de transfeminicidio. No se trata de un tema menor, en México, cada año decenas de personas son asesinadas sin más motivo que el odio de sus asesinos; por el simple hecho de pertenecer a la comunidad LGBTQ+.

Esta reforma fue la consecuencia de la recomendación 02/2019, emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, conocida como el caso Paola Buenrostro, quien era una mujer transgénero y trabajadora sexual. De acuerdo con esta recomendación, la madrugada del 30 de septiembre de 2016 Paola se encontraba trabajando, en la calle de Puente de Alvarado; estaba con otras trabajadoras sexuales, entre ellas, Kenya Cytlaly. Un hombre en un auto acordó con Paola un servicio, y ella se subió al auto, pero apenas unos metros más adelante, comenzó a gritar por ayuda y luego se escucharon detonaciones de arma de fuego. Kenya Cytlaly y las demás corrieron a su auxilio, pero Paola ya había fallecido.

Como Paola, muchas mujeres transgénero que son trabajadoras sexuales han perdido cualquier vínculo con sus familiares, quienes las rechazaron, por lo que su único núcleo social de apoyo son sus compañeras de trabajo, generando así nuevos y profundos vínculos de unión, amistad y solidaridad, y conformando en la práctica nuevas familias.

Kenya Cytlaly interpuso la denuncia por el homicidio de Paola, pero lo que vivió en los siguientes meses, por parte de las autoridades de la entonces Procuraduría de la CDMX, fueron un cúmulo de actos de discriminación hacia ambas. Al cuerpo de Paola no se le consideró el carácter de mujer transgénero, sino de “hombre vestido mujer”, entre otras lamentables expresiones; hacia Kenya Cytlaly no sólo se referían en los mismos términos, sino que, además, cuando solicitó que se le entregara el cuerpo de Paola, para llevar a cabo un funeral, se le negó, arguyendo que no era familiar, por lo que no tenía ningún interés jurídico.

Además –señala la propia recomendación de la Comisión de Derechos Humanos–, la autoridad ministerial obstaculizó los derechos que Kenya Cytlaly tenía como víctima indirecta, tales como recibir atención psicológica de emergencia, ser beneficiaria de medidas de protección y la recepción del cuerpo de Paola; de manera que estos servidores públicos “deslegitimaron la construcción social de la familia en la comunidad, obstaculizando su derecho de acceso a la justicia”.

Es por ello que la reforma recién aprobada no solamente tipifica el delito de transfeminicidio, sino que, además reconoce la figura de “familia social” como “aquellas personas que pertenecen al círculo más cercano de la víctima, es decir, amistades, compañeros o compañeras de trabajo o de vivienda o cualquier otra que tenga una relación estrecha y reconocida con la víctima”.

Voté a favor de esta reforma, porque lo que se busca proteger es a los sectores poblacionales más vulnerables, más discriminados; personas cuya vida ha sido por demás difícil y que en algunos casos sólo conservan muestras de amor “familiar” entre personas de su mismo núcleo social.

Los principios de doctrina del Partido Acción Nacional sostienen que la solidaridad expresa la relación mutua, esencial, entre la persona humana y la sociedad; un dinamismo noble, básico, creativo e incluyente, “el rostro social del amor”. El caso Paola Buenrostro debe hacernos reflexionar acerca de la necesidad de construir en nuestra ciudad una sociedad más solidaria, sobre todo con quienes más han sufrido.

En el humanismo político del PAN, Gómez Morín definió así como la más profunda misión el combate al “sufrimiento evitable”: “El dolor de los hombres es la única cosa objetiva, clara, evidente y constante. Y no el dolor que viene de una fuente inevitable, sino el dolor que nos causamos a otros, el dolor que origina nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas”

Tristemente nada puede hacerse desde el Congreso para evitar que por rabia, locura u odio alguien en un arrebato le quite la vida a otra persona, pero NADA puede justificar evitar desde el Congreso que una víctima de un crimen de odio termine en una fosa común por el abandono y rechazo de sus familiares consanguíneos, negándoles así a quienes le querían la oportunidad de reclamar de manera supletoria su cuerpo para su adecuado adiós.