La nueva ley del Metro

El sistema de Transporte Colectivo Metro se encuentra sumido en una de sus más graves crisis en sus 50 años de vida, en la que todos los días se registra un percance mecánico que obliga a la suspensión del servicio, afectando a miles de usuarios que se ven obligados a buscar otras alternativas de transporte para llegar a sus casas, trabajos, centros escolares o reuniones.

Sólo basta echarle una mirada a los diarios y redes sociales, en los que los usuarios denuncian las fallas en el servicio, sin que las autoridades, tanto del propio Metro, como del Gobierno capitalino, encuentren una salida a la problemática; por el contrario, pareciera que este gobierno de Morena le apuesta a que las fallas se normalicen, para que a los capitalinos les resulte normal poner en riesgo su integridad todos los días que utilizan este sistema de transporte.

Mientras el Metro funcionó razonablemente bien, nadie, desde 1994, reparó en formular una ley para garantizar su buen funcionamiento, incluso durante la suspensión de la Línea 12 en 2014, ni siquiera se llegó a la conclusión de la necesidad de legislar para evitar una repetición de la mala ejecución de una obra, porque en ese entonces se consideraba como un caso aislado, no como un mal funcionamiento sistemático.

El desastre de Morena en la llamada columna vertebral de la movilidad en la ciudad nos obliga a darnos cuenta que hay que hacer una ley para garantizar el funcionamiento del Metro.

De ese nivel es la podredumbre, la corrupción y la mediocridad en el gobierno de Morena en la ciudad.

La propuesta anunciada por el candidato de la alianza Va X la Ciudad de México, Santiago Taboada, de crear la Ley del Sistema Metro, abre la posibilidad de atender el desastre que ha generado Morena y convertir al Metro en un sistema eficaz, moderno, pero, sobre todo, seguro para los 5.5 millones de usuarios diarios que tiene.

La nueva regulación plantea la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto será la explotación, mantenimiento y construcción de un tren con recorrido subterráneo, superficial y elevado.

Contará con un Consejo de Administración con contrapesos y en el que participarán los titulares de la Jefatura de Gobierno y de las secretarías de Movilidad, Administración y Finanzas, Obras y Servicios y la de Gestión Integral y Protección Civil.

También tendrá consejeros usuarios, que serán tres ciudadanos, los cuales serán propuestos por instituciones públicas o académicas y tendrán que ser electos por las dos terceras partes del Congreso de la CDMX.

Se establece que el presupuesto anual asignado incrementará, por lo menos, por encima del índice inflacionario; se destinará una cantidad equivalente a 30% del total de su presupuesto para mantenimiento y en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2025 se deberá establecer una partida extraordinaria para el rubro del manteamiento.

De esta forma estaremos garantizando que este sistema cuente con los recursos necesarios que garanticen su funcionamiento diario y no que trabaje con parches y la canibalización de trenes, como sucede en esta administración morenista.

El nuevo gobierno reconoce a las víctimas mortales que han dejado los accidentes registrados en esta administración, que le apuesta al olvido, a la impunidad de los funcionarios responsables y que paga indemnizaciones a cambio de que las personas no presenten denuncias penales.

La próxima administración reconocerá a las personas caídas, por lo que implementará medidas de satisfacción de las víctimas por los actos u omisiones en los que resulten responsables los servidores públicos, además de conmemorar el honor la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas.

De esta forma, se busca dejar atrás el desdén que la administración morenista ha tenido con el Metro, al grado de que está a punto del colapso.