Justicia limitada en México

La procuración de justicia en México sigue siendo una anhelada meta y promesa de la administración pública, mientras que es una desgarradora exigencia de la sociedad civil, que no encuentra réplica en la efectividad con la que se imparte en el país.

Resulta aún más frustrante cuando por fin se consigue dar dos pasos hacia delante, para posteriormente retroceder otros cuatro; y eso es justamente lo que acaban de hacer en la Cámara de Diputados, en donde se han visto tibios en su determinación por catalogar como delitos graves varias de las conductas que más han dañado a la sociedad.

En el Senado de la República se aprobaron, el 6 de diciembre pasado, reformas al artículo 19 constitucional para establecer como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, diversos crímenes, entre ellos: feminicidios, violencia sexual contra menores, desaparición forzada de personas, uso de armas de fuego exclusivas del ejército, robo a transporte de carga, robo a casa habitación, corrupción, delitos electorales y robo de combustibles (tema tan coyuntural).

Como lo establece el proceso legislativo, la minuta de lo aprobado fue enviada a la Cámara de Diputados para su dictaminación y también aprobación. Pero, cortos de visión, la mayoría de los diputados desarmaron la propuesta, dispusieron otras consideraciones y armaron una nueva reforma, mucho menos punitiva –en el mejor sentido de la palabra– al eliminar delitos de la categoría de graves.

Al ser discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales, sólo se aprobó como prisión preventiva oficiosa el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción por enriquecimiento ilícito y los delitos en materia de robo de hidrocarburos, es decir, sólo aquellos que coincidían con el discurso y promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Se dejó fuera el resto de los delitos que comento, como si no tuviera el mismo impacto social, el mismo nivel de dolor para sus víctimas, vamos, se dejaron a un lado porque no fueron de la prioridad de Morena, pues no es lo que hoy les dicta el Presidente. El argumento fue que los senadores se habían excedido al incluir nuevos delitos en esta tipificación.

Cobardes argumentos, o más bien ignorantes, de quienes no tienen presente que México ocupa el primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil, de acuerdo con la clasificación emitida por la Organización de las Naciones Unidas y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos en 2014; tampoco se habrán enterado de que en 2018 las actividades de las bandas colombianas en México habían aumentado en un 348%, según cifras del gobierno de la Ciudad de México, y el mayor delito era el robo a casas; seguramente también ignoran que México ocupa el quinto lugar a nivel internacional en trata de personas.

Datos básicos que habrían servido a los diputados para perder su miopía de la realidad nacional y tomar una decisión acertada, en concordancia con lo que previamente había aprobado el Senado.

La buena noticia, la Cámara de Diputados fue víctima de su ineptitud y no logró presentar al pleno el dictamen para que se aprobara durante el periodo extraordinario que celebraron esta semana, por lo que queda pendiente para un nuevo periodo de sesiones, en el cual espero se enmiende la plana y se corrija esta grave omisión.