¿Y las víctimas?

“Purificar la vida pública” se promete como legado y se asegura que ya no hay corrupción…

México sigue siendo el país que mejor diagnostica y señala la corrupción, pero nada más. Caen algunos peces gordos para el necesario escándalo mediático —Javier Duarte, Andrés Granier, Rosario Robles, Emilio Lozoya—, pero difícilmente se recupera el quebranto al erario y nadie piensa en resarcir el daño a la víctima.

La víctima no es prioridad en este país. ¿Quién pensó en los miles de niños que se quedaron sin estancias infantiles? ¿Cuál fue o es la oferta para que puedan acceder a la educación inicial? La transferencia directa de recursos a las madres no resolvió el problema ni el de la atención integral a los menores de 4 años (educación y motivación motriz, alimentación, cuidados) ni garantizó el derecho de las madres a tener un trabajo y un salario para sostener o coadyuvar con el gasto familiar.

¿Cuántas personas, servidores públicos o administradores de estancias infantiles están sancionados o en la cárcel por la corrupción denunciada por el gobierno federal? ¿De cuánto fue el quebranto? Ya pasaron 3 años.

México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —aunque todas las mañanas se diga que “ya no hay corrupción”—, mantuvo una calificación de 31 puntos en una escala de cero a 100. Por ello se ubica en la posición 124 de los 180 países y en el G20 ocupa el lugar 18, por encima de Rusia, de acuerdo a la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Qué bueno que se descubrió la corrupción en la compra de medicamentos, las malas prácticas con las farmacéuticas y los desvíos que se hacían en las instituciones públicas de salud, pero, ¿y luego? ¿Quiénes están siendo investigados por ello? ¿Ya hubo sanciones? ¿Se ha recuperado algo de esas tranzas?

Y mientras los procesos judiciales siguen su curso, ¿cuál es la estrategia para atender a las víctimas de ese daño colateral? Otra vez no se pensó en los enfermos.

El desabasto de medicamentos y de insumos hospitalarios, las supuestas compras a farmacéuticas extranjeras —en las que ha habido total opacidad— y la pésima e irregular distribución agravaron la situación de los pacientes (niños y mujeres con cáncer, diabéticos, hipertensos) o, peor aún, precipitaron su muerte.

Corrupción en las instituciones de ciencia,cultura, deporte, en las universidades, en las obras públicas, en la procuración de la justicia… Y por los detenidos o investigados pareciera que en nuestro país hay un combate selectivo o político de la corrupción.

En el informe de Transparencia Internacional se señala que hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas “que, pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos, dependiendo del grupo político al que se investiga”.

El Inegi, en su informe 2020, advirtió que el nivel de impunidad en los funcionarios federales es muy alto en el actual gobierno, pues sólo el 4.5 por ciento de las denuncias presentadas fue procedente, el 54.5 está pendiente de atención, el 36.9 por ciento se declaró como no procedente y, otro 4 por ciento fue derivada a otra autoridad.

A México la corrupción le costó 12 mil 769.7 millones de pesos en 2019 (dato más reciente dado a conocer por el Inegi en 2020).

Por segundo año consecutivo, México disminuyó en su eficacia para combatir la corrupción, bajó tres posiciones al lugar 11 entre 15 economías de América Latina, de acuerdo con Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), desarrollado por The Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks (reporte 2021).

El control de la corrupción ha sido una prioridad de la sociedad mexicana en los últimos años y uno de los factores que definió la elección federal en 2018. Es la bandera de la 4T, pero la realidad es que en estos tres años no han habido sanciones penales, tampoco recuperación de los activos desviados por los casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas es inexistente.

Es momento de cumplir la promesa gubernamental de “devolverle al pueblo lo robado”.