Violación, aborto y justicia

 Mexicali, 1999. Paulina tenía 13 años y la violaron; denunció ante el Ministerio Público y dijo que quería interrumpir
su embarazo. Las autoridades obstaculizaron el procedimiento, que era legal por ser resultado de una violación sexual.

Cuando el Ministerio Público emitió la autorización, personal médico del Hospital General de Mexicali buscó hacerla desistir de interrumpir el embarazo. A su madre le dijeron que, de practicarse el aborto, su hija moriría o quedaría estéril. Paulina y su madre desistieron.

El informe El camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y pendientes, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), refiere éste y otros casos más que retomo para demostrar que cuando la mujer es víctima de violación, la sociedad, autoridades, personal médico, los prejuicios, la desinformación y los estereotipos de género vuelven a violentar sus derechos a la justicia, salud y reparación del daño.

Las acciones de las autoridades —señala el informe— evitaron que Paulina ejerciera su derecho a acceder a un aborto legal y seguro.

El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002 —sí, tres años después—, y se resolvió ¡cinco años después!, en 2007, mediante un Acuerdo de Solución Amistosa entre Paulina y el Estado mexicano.

El acuerdo señalaba el compromiso de las autoridades mexicanas de modificar normas y establecer la obligación, para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, de prestar el servicio de aborto a las víctimas de violación.

La norma fue sustituida y publicada en 2009, gracias a la acción de Paulina.

 San Luis Potosí, 2009. El 9 de julio Helena, una joven de 18 años, fue acusada de aborto mientras era atendida en el Hospital Básico Comunitario en Tamuín. Ese día ella presentó malestares, cólicos y sangrado vaginal, por lo que la trasladaron al hospital.

De acuerdo con su expediente clínico, tenía un embarazo de 6.1 semanas y se asentó como “aborto incompleto provocado”; por ello, el personal del hospital avisó al Ministerio Publico y se inició la averiguación previa.

Helena fue trasladada a los “separos”, donde permaneció una noche y la liberaron al día siguiente, por falta de pruebas. Sin embargo, la investigación quedó abierta sin que ella lo supiera; tres años después (2012) se giró una orden de aprehensión en su contra. Fue sujeta a un proceso penal acusada de haberse provocado un aborto con pastillas.

Helena tuvo que pagar tres mil pesos por una fianza para obtener su libertad provisional. Después, el juez Tercero Mixto de Ciudad Valles la sentenció a un año de prisión por encontrarla responsable del delito de aborto. GIRE la acompañó apelando dicha sentencia.

Un año después, en agosto de 2013, el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí revocó la sentencia del juez, declarando su inocencia.

Como Helena hay muchas mujeres que son inculpadas por el delito de aborto en México y se enfrentan a irregularidades y violaciones del debido proceso y de la presunción de inocencia, “ya que las autoridades suelen basarse únicamente en pruebas como la confesión, que suele obtenerse en contextos de intimidación y coacción”, dice el informe de GIRE.

 Chiapas, 2018. Jessica nació con parálisis cerebral y tiene limitaciones para ejercer actividades esenciales de la vida diaria, situación que se ve agravada por su precario entorno económico. En 2018, a consecuencia de una crisis convulsiva, su familia la llevó al Hospital General de Tapachula, en donde personal médico les informó que estaba embarazada.

El embarazo fue producto de una violación sexual cuando Jessica tenía 17 años. Al enterarse se solicitó al director del hospital la interrupción del embarazo, pero se negaron porque excedía los 90 días de gestación previstos en el Código Penal del estado para poder interrumpirlo.

Con el acompañamiento de GIRE, Marta —la madre de Jessica—, promovió un juicio de amparo como medio para acceder a la reparación integral para ambas por las violaciones a sus derechos. En septiembre de 2019, el juez de Distrito negó el amparo.

En contra de esta sentencia, se interpuso un recurso de revisión y el caso fue finalmente discutido por la Primera Sala el 7 de julio de 2021, con el argumento de que el Estado no puede obligar a una mujer víctima de violación a asumir sacrificios en su persona —como lo es continuar el embarazo— y que la norma impugnada constituye una forma de violencia en su contra, además de afectar su salud sicológica y los derechos de las personas con discapacidad.

Tres años después llegó la justicia para Jessica. Fallaron a su favor, porque se consideró que la negativa de acceso al aborto se tradujo en una serie de violaciones a sus derechos humanos y los de su madre.

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y no olvidemos que hay muchas formas de ejercer violencia hacia las mujeres, como el que el Estado no garantice un proceso de interrupción del embarazo seguro y legal.

Tengamos presente que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) reconoció que nueve de cada 10 violaciones a niñas ocurren al interior de los hogares o en el entorno más cercano a la víctima.