“¿Por qué no me mató?”

 “Yo sigo…”, pensó el sacerdote Jesús Reyes mientras veía cómo el asesino disparaba contra sus hermanos jesui­tas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. Ya había matado a Pedro Palma, guía de turistas.

El sacerdote estaba en medio de los dos religiosos cuando ocurrieron los disparos. El asesino permaneció una hora en la iglesia de Cerocahui, quería confesarse y obtener el perdón.

“No sé si el delincuente quedó medio desconcertado; se puso a platicar con el padre Reyes. Me dijo que (el asesino) se arrodilló y le pidió perdón, le pidió confesión y ahí se pusieron a dialogar en una banca de la iglesia, una hora”, relató el sacerdote Javier Ávila Aguirre, miembro y activista de la comunidad jesuita en Chihuahua, al periodista Ciro Gómez Leyva.

El padre Jesús Reyes pidió al asesino que dejara los tres cuerpos para que permanecieran dentro del templo, pero una hora después hombres armados se llevaron a las vícti­mas en unas camionetas.

“¿Por qué a mí no me mató?”, es la pregunta que desde el lunes pasado no deja en paz al jesuita Reyes.

Y esa cuestión ronda en su mente, porque en México 30 sacerdotes han sido asesinados en los últimos 10 años y en esta administración van siete, de acuerdo con la informa­ción recabada por la organización Centro Católico Multi­medial. También ha registrado 70 atentados en contra de sacerdotes y religiosos.

Veracruz, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Puebla, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México y el Estado de México son los lugares más peligrosos para ejercer el sacerdocio, y no por odio a la fe, sino porque los atentados contra sacerdotes y religiosos buscan limitar las actividades del trabajo pastoral y de defensa de derechos humanos de la Iglesia católica en México.

Ya lo dijo el papa Francisco: “Hay tantos asesinatos en México…”.

¿Por qué? Por la tolerancia al crimen organizado; porque los narcotraficantes, sicarios, delin­cuentes y asesinos se apoderan del territorio nacional bajo el amparo de la impunidad. Ellos circulan con la protección de los abrazos, porque los balazos no son para ellos.

¿Por qué los crimina­les pueden ser dueños de un equipo de beisbol, asistir a un partido, amenazar a una o muchas familias, secuestrar a dos jugadores (herma­nos Paul y Armando “B”), quemar una vivienda o matar a sangre fría (como el asesino de Cerocahui)? Por la omisión y complicidad de las autoridades.

Esa tarde del lunes 20 de junio, ninguna autoridad hizo nada, ni la local ni la federal. Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, contó al periodista Joaquín López-Dóriga que la Compañía de Jesús logró comunicarse el mismo día del asesinato de los sacer­dotes con el secretario de Gobernación y que la Fiscalía de Chihuahua ignoró sus llamadas. Por eso hoy el asesino, líder de una célula criminal que azota a la región, está prófugo.

La organización criminal que dirige, brazo armado del Cártel del Pacífico en Chihuahua, ha desatado la violencia en Urique, municipio donde se encuentra Cerocahui, y ha des­plazado a centenares de personas en la Sierra Tarahumara.

“La gente tiene derecho a vivir en paz en su territorio, en su casa, en su tierra, con sus animales y están desplazados por un grupo de gente armada, para apropiarse de recursos forestales, entre otras cosas… Nosotros (los jesuitas) nunca vamos a abandonar la sierra”, le dijo el padre Javier Ávila Aguirre al periodista Pascal Beltrán del Río.

La violencia, el crimen, los delitos, las extorsiones y los secuestros se han extendido por todo el país poniendo en jaque la vida cotidiana de la sociedad, alterando la paz y afectando las actividades productivas y económicas en las ciudades, comunidades y en el campo. Es momento de replantear la estrategia federal de seguridad, “es tiempo de escuchar a la ciudadanía, a los miles de familiares de las víctimas, de asesinados y desaparecidos, a los cuerpos policiacos maltratados por el crimen. Es tiempo de escu­char a los académicos e investigadores, las denuncias de los medios de comunicación, a todas las fuerzas políticas, a la sociedad civil y a las asociaciones religiosas”, exigió el jueves la Conferencia del Episcopado Mexicano.

La respuesta desde Palacio Nacional fue contundente: “No vamos a cambiar la estrategia”. Las prioridades quedaron cla­ras cuando el jueves pasado se difundió el video del jefe de Ejecutivo jugando beisbol…, bateando la exigencia de justicia.