Miopía
La migración es una crisis humanitaria y para esta administración no es tema, porque ellos no votan, no definen una elección.
Las imágenes son cotidianas, pero no dejan de ser surrealistas: hombres, mujeres, adolescentes, niños, niñas y bebés montados en el techo del tren; cansados, sin asearse, hambrientos, con las manos heridas por estar sujetas a un cordón o mecate que evitará que caigan de “las bestias”.
En algún otro lugar de México —que podría ser Chiapas o Juchitán en Oaxaca, o Huehuetoca en el Estado de México, o Ciudad Juárez, Chihuahua, o Tijuana en Baja California— las estampas son las mismas: grupos de migrantes acampando en la estación de autobuses o afuera de un Oxxo o de un comercio con Western Union, en las banquetas o en deportivos habilitados como refugios.
Duermen en el suelo, sobre cartones; comen lo que se puede —Maruchan es lo más común—, pagan 10 pesos para cargar por una hora la batería de su celular; deambulan durante todo el día; piden limosna…
Los migrantes tienen dos caras: son víctimas y victimarios. Sobre ellos se cuentan mil historias. Son extorsionados, secuestrados, amenazados, abandonados y también son delincuentes, flojos y abusivos.
Algunos dependen de las limosnas de los mexicanos, pero otros reactivan la economía de los lugares a donde llegan. Los que reciben transferencias de dinero —en dólares, principalmente— pagan la comisión por el retiro, compran las sopas instantáneas y los refrescos en las tiendas de conveniencia, imprimen documentos y pagan las recargas en las tiendas locales y los “afortunados” pagan una noche en el hotel del pueblo, como en Juchitán, por ejemplo.
Los menos afortunados son asaltados por los conductores de moto-taxis o transportistas que ofrecen “avanzarlos” por la carretera, pero luego los despojan de sus pertenencias y abandonan en caminos desconocidos para los migrantes.
La tragedia de inseguridad o pobreza de sus países de origen, de la que huyen, los persigue en territorio mexicano. Y peor aún, llegar a Estados Unidos les implica pagar un costo enorme —no sólo en dólares para el pollero o para la extorsión del crimen organizado o del agente corrupto de la Guardia Nacional o de Migración—, la desintegración familiar. Se pierden hijos o hijas en el camino, se venden o regalan recién nacidos.
De eso, ninguna autoridad habla, ni siquiera hay un registro de datos de mujeres embarazadas que dan a luz en nuestro país. Nadie sabe qué pasa o dónde se quedan esos recién nacidos. Algunos son regalados o vendidos, porque la madre parió en la carretera o bajando del contenedor del tráiler o del techo del ferrocarril y está débil. Ella está sola —en la mayoría de los casos—, enferma, anémica, agotada por las condiciones del viaje, quizá con otro hijo y teme por su vida.
Están en el Istmo de Oaxaca y aún faltan meses para llegar a la frontera norte del país, no hay dinero y sí mucha incertidumbre. Esa mujer regala a su hijo porque sabe que ella no podrá alimentarlo ni mantenerlo a salvo. ¿Cuántos casos hay así?, ¿se corre el riesgo de que esta problemática se convierta en un mercado negro de recién nacidos o venta clandestina menores de edad? ¿Qué autoridad vigila e impide esto?
La migración es una crisis humanitaria y para esta administración no es tema, porque ellos no votan, no definen una elección, no se les puede comprar con programas sociales. Están de paso y quién sabe si lleguen con vida o íntegros a Estados Unidos.
La miopía que existe en las autoridades de gobierno no les permite ver que esta oleada de migrantes implica retos en materia de seguridad y derechos humanos. La omisión ayuda a que el crimen organizado se fortalezca operativa y económicamente con cada extorsión o rescate que cobra al migrante o su familia, con cada cuota que pide para “pasarlos” a Estados Unidos.
La ausencia del Estado de derecho se nota en cada imagen que se difunde de migrantes arriba de un tren o dentro de un contenedor o huyendo; se evidencia con los “narcobloqueos”; con las quemas de establecimientos; con las mantas y videos de ejecuciones; con los secuestros, con las desapariciones de personas y “cobros” de piso.
Aunque las imágenes se vuelvan cotidianas y ya no “sorprendan” o la miopía gubernamental las ignore, ahí está la realidad que avergüenza a México y deteriora la calidad de vida del ciudadano mexicano.
