Letra muerta

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del gobierno de la Cuarta Transformación se definió un Protocolo de Atención en México a Personas Migrantes en Flujos Masivos —específicamente dentro del apartado Migración: soluciones de raíz—, que establece lo siguiente:

“El Ejecutivo federal aplicará las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o afincarse en él. Es preciso adelantarse a posibles situaciones de una crisis humanitaria debido al arribo al país de flujos masivos procedentes de otras naciones, pero, sobre todo, es necesario sensibilizar a la población nacional con una campaña de erradicación del racismo, la xenofobia y la paranoia que, por desgracia, han anidado en algunos sectores de la sociedad”.

La realidad se ha encargado de demostrar que el protocolo sólo se quedó en el papel, demagogia pura.

El miércoles se anunció el cierre de 33 estancias temporales, que daban albergue a cerca de 1,500 personas. El argumento oficial fue que la CNDH deberá revisar las condiciones en las que se encuentran, luego de los 40 extranjeros que murieron hacinados en una estación migratoria de Ciudad Juárez.

Se tapó el pozo después del niño ahogado, pero no se ha hecho nada para extirpar de raíz la corrupción en esa área del gobierno federal que lucra con la desesperación, el miedo y la pobreza de los migrantes.

Se aplicó la misma medicina que con las estancias infantiles, se cerraron y no hay ningún detenido por las supuestas irregularidades que ahí se registraron.

Y el viernes, el Instituto Nacional de Migración ordenó a sus oficinas negar permisos que autoricen libre tránsito a migrantes y no entregar formatos múltiples migratorios o solicitudes que les permitan permanecer en territorio mexicano.

El gobierno federal reconoció que no hay condiciones para resguardarlos, a pesar de que sabían que esto pasaría, tal como lo escribieron en su Plan Nacional de Desarrollo.

En la frontera norte hay 26 mil 560 migrantes, cada día ingresan 150 personas por la frontera de Tapachula y, a raíz del fin del Título 42, México recibirá cada mes a 30 mil migrantes retornados de Estados Unidos, que serán enviados a la frontera sur por el acuerdo establecido entre los gobiernos de Biden y López Obrador.

Los migrantes sólo han encontrado en México, desde hace muchos años, muerte, extorsión y han sido víctimas de tráfico de personas y de secuestro. ¿Qué ha cambiado?

A los desplazados de Guatemala, Honduras, Venezuela, Cuba y Haití el gobierno de México les negó los permisos, ni a los formatos migratorios pueden acceder. Serán contenidos por 25 mil elementos de la Guardia Nacional que los esperan en la frontera sur. ¿Ésa es la respuesta a la promesa hecha el 17 octubre 2018 por el presidente electo?

“A partir del 1 de diciembre vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos (…) y el que quiera trabajar va a tener una visa de trabajo”, ofreció en ese entonces.

El protocolo del gobierno el federal indica que la base de toda la intervención y el eje de todas las autoridades involucradas “será en un marco de respeto a la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas”.

En el documento oficial se precisa que garantizar la seguridad permitirá evitar mayor peligro o daño a las personas y asegurar que los migrantes no corran riesgos físicos o psicológicos.

El Protocolo de Atención en México a Personas Migrantes en Flujos Masivos ordena a las autoridades involucradas tratar con dignidad y respeto a los migrantes, de acuerdo con sus normas culturales y sociales. Además, les pide incluir un enfoque de derechos para “asegurar que las personas migrantes puedan acceder a la ayuda de forma justa y sin discriminaciones, a la vez que, con la actuación de cada profesional, se les dé acompañamiento para ejercer sus derechos”.

No ocurrió así en la estación migratoria de Ciudad Juárez ni se ha garantizado la seguridad en la zona de Matehuala, donde desaparecen a los migrantes. Tampoco frenan la circulación de los tráileres repletos de mujeres, niños, jóvenes y adultos que buscan llegar a Estados Unidos.

El objetivo central del protocolo —resultado de un trabajo conjunto entre el INM y la Iniciativa MIgration EU eXpertise (MIEUX), implementada por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias y financiada por la Unión Europea— era tener un procedimiento operativo de primera atención que permita al gobierno mexicano, con la cooperación de diferentes autoridades, preparar, atender, identificar y canalizar adecuadamente flujos masivos de personas migrantes, “garantizando un abordaje centrado en la persona, libre de discriminación, respetuoso con sus derechos humanos desde una perspectiva de género y priorizando la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la atención a personas en situación de vulnerabilidad”.

Letra muerta.