Jaque a los contrapesos

Tener el poder no necesariamente implica tener el control ni la razón. Ejercerlo a voluntad, sin respetar la Constitución y con amagos no garantizará el éxito de nadie, los perdedores serán el que gobierna, el partido en el poder, la oposición y los ciudadanos de este país. México tardará más de una década en recuperarse social y económicamente.

La intención de intervenir y controlar las decisiones en los poderes Legislativo y Judicial preocupan porque se están minando los contrapesos. El propósito de subordinar a los organismos autónomos a las secretarías de Estado o al Judicial manda un mensaje peligroso: nadie puede vigilar la actuación del gobierno.

En las últimas semanas hemos conocido las próximas acciones del gobierno federal, dictadas por la desesperación o el miedo de perder la mayoría en la Cámara de Diputados el próximo 6 de junio, como la reforma a la ley electoral o la iniciativa que regresará las funciones de los organismos autónomos a las secretarías de Estado, para ahorrarse miles de millones de pesos.

Para el presidente López Obrador “estos Poderes supuestamente autónomos e independientes, no tienen como función servir al pueblo, sino proteger a las minorías…” Y es que no le ha  gustado sus fallos, los que señalan los errores de gobierno, las erratas legislativas o los que contradicen leyes o son inconstitucionales.

“El INE, sí (está contemplado en la reforma administrativa) sí, claro, además es costosísimo, es el órgano electoral más costoso en el mundo (...) tiene que ser autónomo, verdaderamente y es que ahora no lo es y podría estar en el Poder Judicial, un poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo”, dijo el Presidente en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Si prosperara esa intención, el INE sería una oficina dependiente del Consejo de la Judicatura y de la Corte, que preside el ministro Arturo Zaldívar y quien cuenta con el apoyo y simpatía total del Presidente. No olvidemos que le regaló dos años más a su mandato. Ya no tendríamos una autoridad electoral ciudadana ni autónoma, sino dependiente del Poder Judicial, donde están metidas las manos del Ejecutivo. Recordemos que el Presidente envió una carta pública a Zaldívar pidiéndole que iniciara una investigación contra un juez que había fallado en contra de su proyecto de reforma energética.

¿Por qué quitar la autonomía al INE y someterlo al poder del ministro presidente de la Corte? Para ponerlo en jaque porque el INE y el TEPJF no permitieron que ningún partido en el Congreso pueda tener una sobrerrepresentación por encima del 8 por ciento y negaron las candidaturas de dos aspirantes de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán por no cumplir con la ley.

Afortunadamente no todos los legisladores del partido en el poder piensan igual. Porfirio Muñoz Ledo anunció la formación de un frente para defender los órganos autónomos, que estaría integrado por académicos, juristas intelectuales, jueces y periodistas interesados en la defensa de los contrapesos.

Desde Palacio Nacional se pone en jaque a los autónomos, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al INE, etcétera.

Pero la intención de interferir con el Poder Judicial atrae ya la atención internacional —como lo documentó el columnista Andrés Oppenheimer—, pues más de mil expertos legales de 140 países, como exministros de cortes supremas, jueces y profesores de derecho emitirán en los próximos días un pronunciamiento para advertir sobre la “fragilidad” del Estado de derecho en México.

Desde su perspectiva, las medidas generan incertidumbre incluso para las inversiones extranjeras.

El desprecio por la legalidad y la falta de respeto por la constitucionalidad genera acciones y leyes mal hechas, impugnables. Por eso digo que el tener el poder y el control no significa tener éxito; los intereses afectados, los institutos y órganos autónomos encuentran en los tribunales el lugar para defenderse.

Y ahí, en manos de los jueces están las reformas a la industria eléctrica, a la de hidrocarburos, a la Guardia Nacional, al padrón de usuarios de telefonía celular, que obliga a entregar nuestros datos biométricos, etcétera.

Al Presidente no le gusta que lo contradigan ni que le hagan observaciones sobre su gestión de gobierno; quiere obediencia total y como ya lo ha dicho, quienes no están con él están contra él. No tolera la crítica, no hay espacio para la disidencia o el derecho a disentir. Las etiquetas de conservadores, neoliberales, corruptos y chayoteros sustituyen los argumentos, por eso consideran que es mejor “taparle la boca a los reporteros“ que acuden a las conferencias matutinas, que respetar las libertades.

Ahí está marcado el jaque, pero la partida aún no termina.