Hipócritas

• La jerarquía y comunidad católica comparte hoy el mismo dolor que los grupos delictivos causan en las familias mexicanas.

Aquellos que fingen preocupación por los desprotegidos simulan ayudar a los más pobres, condicionan los programas sociales y usan las promesas para calmar el dolor de las familias que lloran la pérdida de una hijo o hijo son unos hipócritas.

Quienes cierran refugios para mujeres violentadas y estancias infantiles sin castigar o detener a los corruptos son unos hipócritas.

Aquellos que manipulan el discurso para no reconocer las terribles cifras de feminicidio y el aumento de la violencia son unos hipócritas.

Quienes son omisos ante la presencia y operación, en todo el país, de organizaciones criminales son unos hipócritas.

Los hipócritas se presentan con cualidades y virtudes falsas. Mienten, confrontan, polarizan, tienen sus propios datos.

¿Qué quieren los sacerdotes? Quieren lo que todo ciudadano exige: seguridad, paz, vivir sin miedo, sin la angustia que provocan la extorsión, el secuestro o la amenaza. No quieren buscar los cuerpos de sus seres queridos, no quieren huir de sus comunidades ni abandonar sus hogares, porque los grupos criminales se apoderaron de la región.

Los hipócritas intentan manipular la realidad, pretenden confundir, la apuestan a la memoria corta del pueblo y se preguntan por qué ahora la crítica y el señalamiento.

No es la primera vez ni es solamente en este gobierno cuando los medios de comunicación, las organizaciones religiosas o de la sociedad civil y los colectivos de mujeres cuestionan, denuncian o evidencian fallas en la función de gobierno.

Los obispos católicos —como la mayoría de los ciudadanos mexicanos— están consternados por la violencia y los asesinatos en el país; por eso se pronunciaron, para exigir justicia y alto a la impunidad.

La verdad también incomoda a los hipócritas, por eso no gustó cuando la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió cambiar la estrategia de seguridad y molestó aun más cuando —durante el funeral de los religiosos Javier Morales y Joaquín Mora en Chihuahua—, los jesuitas señalaron que “los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos”.

La jerarquía y comunidad católica comparte hoy el mismo dolor que los grupos delictivos causan en las familias mexicanas.

Esta no es la primera vez que el Episcopado Mexicano se ocupa de esta realidad, pues en 1968 emitieron la Carta Pastoral Sobre el Desarrollo e Integración del País. Ahí advertían la urgencia de garantizar el Estado de derecho para proteger a las poblaciones más vulnerables en esos momentos de transformaciones que el llamado “milagro mexicano” propiciaba.

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco, el 24 de enero de 2008 dieron a conocer un mensaje ante la violencia propiciada por las organizaciones criminales y el deterioro de la vida social.

Y los obispos de la Provincia Eclesiástica de Guadalajara difundieron una carta Él es nuestra paz, sobre la situación de violencia e inseguridad en la región, con fecha 4 de noviembre de 2008.

En el 2010, la Conferencia del Episcopado Mexicano presentó la exhortación pastoral Que en Cristo Nuestra Paz, que habla sobre la misión de la Iglesia en la construcción de la paz, para la vida digna del pueblo de México. Ahí alertaron:

“En los últimos meses, en toda la geografía nacional, suceden hechos violentos relacionados con la delincuencia organizada; esta situación se agrava día con día (...), repercute negativamente en la vida de las personas, de las familias, comunidades y sociedad entera; afecta la economía, altera la paz pública, siembra desconfianza en las relaciones humanas y sociales, daña la cohesión social y envenena el alma de las personas con el resentimiento, el miedo, la angustia y el deseo de venganza…”.

Y en ese entonces, los jerarcas de la Iglesia señalaron las fallas: “Lamentamos profundamente que no haya sido combatida de manera oportuna y que se haya dejado crecer. Si en su momento, la omisión, la indiferencia, el disimulo o la colaboración de instancias públicas y de la sociedad no fue justa y toleró o propició los gérmenes de lo que hoy son las bandas criminales, tampoco es justo ahora exculparse, buscando responsables en el pasado y evadir la responsabilidad social y pública actual, para erradicar…”.

Luego en septiembre de 2018, en otra carta pastoral indicaron que “la realidad en la que se encuentra nuestro país, la corrupción y la violencia en la que hace años vivimos, nos llama como Iglesia a redoblar esfuerzos y actuar unidos, integrando y engarzando todas nuestras fuerzas y recursos”.

Y el año pasado, el 23 de junio, en el documento de La paz como anhelo de la plenitud humana, indicaron: “ Desde aquí reafirmamos que el incremento de la intimidación, así como la proliferación incontrolada de las armas son contrarios a la moral y a la búsqueda de una verdadera concordia. El terror ejercido sobre las personas más vulnerables contribuye al exilio de poblaciones enteras en busca de una tierra de paz…”.

¿Qué quieren entonces los sacerdotes? Que se aplique la ley, combata la impunidad y garantice el Estado de derecho. Y no sólo ellos, también nosotros, los ciudadanos laicos.