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¿Qué ha cambiado? Nada. El proceso electoral de este 2024 está amenazado nuevamente por la inseguridad y la participación del crimen organizado.

El 2 de enero de 2018, mi compañera periodista Leticia Robles de la Rosa publicó en estas páginas de Excélsior que Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz eran, por tercera vez consecutiva, los cuatro estados considerados como zonas de riesgo para las elecciones federales, de acuerdo con el listado de alerta del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La inseguridad en esas cuatro entidades, además de Chihuahua, representaba un foco rojo para la organización de las elecciones. El documento de la autoridad federal advertía “atención especial” para solicitar más respaldo de autoridades de seguridad pública.

El documento también señalaba que la inseguridad pública había repuntado en seis de las nueve entidades donde se elegiría gobernador: Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz.

“Y a pesar del esfuerzo realizado de manera constante desde 2006 para disminuir los niveles de inseguridad, por tercera ocasión consecutiva, los comicios presidenciales se realizarán en un escenario de vulnerabilidad a la seguridad de los funcionarios de casilla y de los propios votantes en cinco entidades, cuatro de ellas ya consideradas como zonas de alerta desde hace 11 años…”.

En el año 2006, los estados con mayor problema de seguridad eran Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Baja California Sur.

Para 2012, había nueve estados de alta atención en el proceso electoral: Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas y Durango; en dos de ellos, como fueron los casos de Chiapas y Guerrero, se registraba un ambiente de crispación política.

¿Qué ha cambiado? Nada. El proceso electoral de este 2024 está amenazado nuevamente por la inseguridad y la participación del crimen organizado. El uso de recursos públicos, programas sociales y la tribuna mediática del poder presidencial son el aderezo que amenaza nuestra democracia.

El escenario es el mismo desde entonces, partidos exigiendo seguridad y un mapa de riesgos para la elección…

Y las respuestas son las mismas: se instalan mesas de coordinación entre las autoridades electorales y de seguridad, se pone en marcha un protocolo y se diseña un plan de trabajo para proteger a los candidatos (629 puestos de elección federal estarán en juego el próximo 2 de junio).

En septiembre pasado, en una entrevista de mi compañera periodista Aurora Zepeda, el exconsejero del INE Luis Carlos Ugalde le advirtió del papel creciente del crimen organizado en los procesos electorales: “se observa su interferencia en matar o vetar candidatos, movilizar o inhibir el voto, intervenir abiertamente en la jornada electoral, levantar operadores políticos y ser el fiel de la balanza en donde las elecciones son cerradas”.

Consideró que, aunque se desconoce su real magnitud, el crimen organizado va a estar muy activo, incluso en el financiamiento ilegal de campañas políticas.

Cuando el pasado 25 de enero de este año los partidos políticos de oposición exigieron al Consejo General del INE que realice un mapa de riesgos para las elecciones del 2 de junio por intervención del crimen organizado y que tome medidas para mitigar la influencia de estos grupos en la votación de la ciudadanía, la consejera Norma Irene de la Cruz les pidió a todas las fuerzas políticas que garanticen que sus candidaturas no tengan dinero del crimen organizado ni nexos con esos grupos.

“Revisen sus procesos internos, que es ahí donde empiezan (…), revisen cómo van a blindar sus campañas para que no venga el dinero ilegal, revisen cómo van a registrar todos los ingresos y aportaciones para que, efectivamente, no venga dinero de origen ilícito que pueda alterar la voluntad popular”, les dijo. Y es que los partidos se quejaron de que no tienen candidaturas a nivel municipal en algunos estados, por miedo a las amenazas de los grupos delictivos.

El magistrado electoral Felipe de la Mata propuso crear un botón de pánico para los candidatos hostigados por la delincuencia; contemplar las demandas anónimas, con el fin de que quienes sean acosados puedan defenderse; realizar campañas digitales cuando no existan condiciones para que sean presenciales, e instaurar filtros de investigación para evitar la postulación de aspirantes cooptados por el crimen.

“El INE tiene información sección por sección; muchos capacitadores electorales saben perfectamente dónde está el problema; puede hacerse un mapa de riesgo conjunto y decir dónde puede haber secuestro o quema de urnas”, refirió el magistrado, de acuerdo con la nota periodística del 27 de enero de mi compañera Ivonne Melgar.

Para el proceso electoral de 2030, ¿volveremos a escuchar a los partidos y autoridades electorales alertando sobre la inseguridad y la intervención del crimen organizado? O peor aún, ¿en las listas de candidatos habrá quienes representen abiertamente los intereses de esos grupos? Ya pasó en Colombia…