Feminicidio

El miércoles 9 de julio, por una manifestación frente a los juzgados de San Quintín, Baja California, nos enteramos del feminicidio de una adolescente de 13 años. Keila Nicol desapareció el 1 de julio y dos días después encontraron su cuerpo en un predio de El Rosario. Fue víctima de violencia extrema, decapitada y asesinada por un adolescente.

La noticia seguramente la conoce porque el feminicida declaró que para cometer el delito se basó en la serie Dexter.

El pasado fin de semana supimos del asesinato de una mujer de 28 años y sus tres hijas, unas gemelas de 11 y una pequeña de nueve años. Los cuerpos de las cuatro víctimas fueron localizados en dos puntos de la Carretera 36 Norte, en la Comisaría Miguel Alemán, al poniente de Hermosillo. Primero, el de Margarita, con signos de violencia y heridas de bala y, al día siguiente, rastreadoras del colectivo Buscadoras por la Paz encontraron a las tres niñas, abrazadas bajo un árbol, también con huellas de violencia.

Ninguna niña, ninguna adolescente, ninguna mujer debe ser asesinada. Ninguna debe vivir con miedo ni con la incertidumbre de regresar sana y salva a casa. Ninguna debe ser violentada.

La sociedad mexicana tampoco debe acostumbrarse o ser indiferente a estas noticias. Todos estamos involucrados en el deterioro social y ello nos obliga a reflexionar en nuestras conductas.

“Las series criminales, los corridos violentos y otros productos culturales no son la causa; son expresiones de una sociedad que glorifica la pedagogía de la crueldad (Rita Segato dixit). El foco debe estar en la prevención de la violencia, la educación contra el machismo desde la infancia y respetar las regulaciones de edad para contenidos infantiles”, explica Juan Martin Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia.

El feminicidio de la niña Keila Nicol “refleja la normalización de la violencia machista y el desprecio estructural por la vida de las niñas, especialmente ejercida cada vez más con violencia extrema”, apunta. ¿Y las autoridades? Vuelven a fallar. Son omisas e indiferentes ante las Alertas de Violencia de Género feminicidas —actualmente 22 entidades federativas tienen activa una alerta—  y los reportes de desaparición. De prevención y protección, ni hablar.

La fiscalía tiene que investigar este crimen como un feminicidio infantil, que deja marcas dolorosas no sólo en la familia de Keila, sino en las niñas del territorio. Y esa exigencia aplica también para el caso de las tres niñas de Sonora, porque el feminicidio infantil múltiple refleja la expresión más extrema de violencia machista y adultocentrista, que sigue cobrando vidas de niñas y adolescentes en todo México, y quedan invisibles en la agenda política nacional.

Y en los dos casos las víctimas directas, sus familias, comunidades y colectivos enfrentan consecuencias psicosociales graves, que merecen acompañamiento y medidas de protección ante posibles represalias criminales. El feminicidio es un delito de odio y priva de la vida a una mujer de forma violenta, no importando su edad, sólo por el hecho de ser mujer.

De acuerdo con la investigadora Blanca Ivonne Olvera Lezama, se trata de un feminicidio cuando:

• La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo.

• A la víctima se le hicieron lesiones o mutilaciones previas o posteriores a quitarle la vida.

• Si existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto en contra de su víctima.

• Que haya existido entre el feminicida y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.

• Existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o lesiones en contra de la víctima.

• Que la víctima haya sido incomunicada previo a su ataque.

• Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en lugar público.

Los casos de Sonora y Baja California son una llamada de atención urgente no sólo para exigir justicia, sino para recordarles a las autoridades que están fallando en las políticas públicas con las infancias, adolescentes y mujeres; que no hay eficiencia en los programas de prevención de las violencias y que no tienen un protocolo efectivo de atención y seguimiento a la salud mental adolescente.