Crisis

En dos semanas, con el voto del 6 de junio se llega al clímax de un proceso electoral que nació y se desarrolló en un ambiente polarizado, crispado y con un árbitro electoral descalificado y acosado desde Palacio Nacional.

Un proceso electoral manchado de sangre por la intromisión del crimen organizado, que elimina de un plomazo al candidato que no quiere en la boleta, o lo amenaza y retiene para “invitarlo” a que se baje. O peor aún, que le perdona la vida a cambio de aliarse, encubrir o compartir sus intereses.

Del 7 de septiembre a la fecha se han registrado 563 ataques contra políticos y 83 fueron asesinados, de los cuales 32 eran aspirantes a una candidatura. Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Baja California son los estados con más víctimas, según la consultora Etellekt, que lleva este registro.

El PAN anunció la suspensión de sus campañas electorales en el sur del Estado de México, por amenazas del crimen organizado. La velocista olímpica Zudikey Rodríguez, candidata de la Alianza por el Estado de México (PAN, PRI, PRD) a la presidencia municipal de Valle de Bravo fue víctima de esa intromisión descarada de los grupos criminales.

El lunes, después de un acto de campaña en Valle de Bravo, Zudikey Rodríguez recibió un aviso letal: “apártate o te apartamos”.

La candidata del partido Chiapas Unidos a la presidencia municipal de Cintalapa, Alejandra Aranda Nieto y su equipo de campaña (11 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad) fueron retenidos desde el viernes al medio día en la comunidad de Canaán por un grupo de encapuchados que interceptaron a la caravana, aunque ayer por la noche se informó que ya habían sido liberados.

Un proceso electoral en el que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha recibido 145 denuncias, la mayoría por manipulación de programas sociales con fines electorales. Incluso, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, le dijo en entrevista a Pascal Beltrán del Río que las elecciones podrían llegar a ser anuladas por la imparcialidad de los funcionarios públicos.

A los partidos políticos, al Presidente de la República y al INE les preocupa el uso de recursos públicos en las campañas, pero no se ocupan de la intervención del crimen organizado en las elecciones.

Y es que, en el proceso electoral, en el que está en juego el proyecto nacional, los partidos y actores políticos se han mostrado incompetentes. No han emitido mensajes contundentes sobre lo que harán sus candidatos para aliviar las demandas más sentidas de los mexicanos: seguridad, empleo y acceso a los servicios de salud y medicamentos.

Los partidos están en crisis, no hay solidez ni cohesión, traicionaron a la militancia para asignar candidaturas bajo cuotas de compromiso o camarillas. Los ciudadanos ya no les creen.

El partido en el poder no ha sabido explicar qué es la 4T ni el rumbo que tomará los siguientes tres años. ¿Seguiremos entretenidos en las grandes obras o en la venta del avión presidencial o persiguiendo a corruptos con oficios de Estados Unidos? ¿Negando las demandas ciudadanas o descalificando a las organizaciones de ciudadanos que buscan a los miles de desaparecidos, o que exigen parar la violencia que estalla en todas sus formas en cada rincón del país? ¿Culpando a los conservadores y a las administraciones pasadas?

Y la oposición tampoco ha estado a la altura. Se defiende con estridencia y responden al ataque y a la descalificación, con ataque y descalificación, pero nada más. PRI, PAN y PRD no han podido apuntalar a un líder, también están en crisis. Si no fuera por la aparición de Diego Fernández de Cevallos, Cuauhtémoc Cárdenas y la lucidez de Porfirio Muñoz Ledo (morenita) estarían en la lona.

La oposición compite contra un partido que no tiene a los mejores candidatos, pero sí a un Presidente en campaña permanente.

Así, en medio de una crisis política, con el desgaste partidista, con la sangre y amenaza corriendo, la ciudadanía polarizada, más no informada, decidirá en la urna el país que quiere.