Conflictos

El enojo social crece con la desigualdad, pobreza o falta de oportunidades y se desborda cuando se limitan servicios o derechos humanos y constitucionales. Se manifiesta con protestas, bloqueos, actos vandálicos o con el incremento en los índices de violencia.

¿Le suena familiar? Todos los días hay ciudadanos, organizaciones, sectores, sindicatos, trabajadores, médicos, maestros o comerciantes bloqueando avenidas, vías del ferrocarril, edificios gubernamentales o Congresos locales y federales.

Los conflictos estallan por la exclusión, por hechos relacionados con la discriminación, intolerancia, desinformación y la incitación al odio.

No hay adversario político ni grupo “conservador” que pueda manipular una conflagración sin que el campo esté minado: pobreza, inseguridad alimentaria, desempleo, pandemia, migraciones, desastres naturales (incendios o inundaciones), robos, feminicidios, delitos, violencia doméstica y la que propicia el crimen organizado o desplazados por el narcotráfico.

En los sectores más vulnerables se exacerban las condiciones para la violencia y el conflicto. Los linchamientos, la justicia por mano propia, se hacen recurrentes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que, aunque la economía mexicana ha mostrado signos de recuperación, tras la pandemia por covid-19, el costo humanitario, social y financiero para la población ha sido muy alto. En su informe Capítulo IV —que elaboran expertos y que fue publicado el viernes 8 de octubre— destaca que más de 4 millones de personas están desempleadas, aumentó el rezago escolar y se deterioró el acceso a servicios de salud.

Advierte que el crecimiento reducido en la productividad, así como el aumento en la pobreza, continúan siendo los problemas claves para la economía mexicana, que ha puesto una enorme carga en proyectos poco recomendables en el sistema financiero internacional.

Y es que el FMI consideró que las pérdidas de Petróleos Mexicanos representan una carga excesiva para los contribuyentes y desvían la inyección de recursos públicos a otros proyectos que podrían traer mayores beneficios. En resumen y con otras palabras nos dice que las prioridades de la 4T no están con los más pobres, sino en megaproyectos poco rentables.

Por eso el organismo internacional recomienda un aumento permanente en el gasto de alrededor del 1.5% del PIB en 2022, que podría ayudar a aliviar las presiones sobre los más vulnerables, mitigar las cicatrices de la pandemia y asegurar la recuperación.

El gasto en educación y salud deben aumentar si el país quiere proteger a los más vulnerables y por lo menos el 0.5% del PIB debe destinarse de manera focal a reducir la pobreza. “México ha sido uno de los países que menos gastó en medidas para contener el daño de la crisis económica por la pandemia, en comparación con sus pares en mercados emergentes, así como en países desarrollados”, concluye el informe.

Ahí están las recomendaciones y habría que escuchar al Fondo Monetario Internacional ahora que la Cámara de Diputados inicia la discusión del paquete de ingresos y egresos del próximo año, para evitar que los conflictos se desborden, porque la realidad no se apacigua con discursos mañaneros ni se manipula con los “otros datos”.

En los diversos debates del Consejo de Seguridad de la ONU sobre paz y prosperidad se ha advertido que la exclusión y la pobreza propician condiciones para el conflicto y la violencia. Se proyecta, incluso, que para 2030 dos terceras partes de las personas que viven en pobreza extrema habitarán en países afectados por situaciones de fragilidad, conflictos y violencia.

Y aquí, en México, la organización Causa en Común registró 438 hechos de extrema violencia sólo en septiembre, convirtiendo ese mes en el más mortífero del año. Hechos que pueden ser clasificados como atrocidades, tortura, mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, fosas clandestinas, masacre y asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

Se estima que el aumento de la violencia extrema ha ocasionado 6 mil 314 heridos o muertos en los primeros siete meses de este año y al menos 800 casos de tortura.

La paz duradera, la prosperidad y la verdadera transformación se logran sobre la base de instituciones fuertes, justas, transparentes; con el respeto a los derechos humanos, a la igualdad de género, con la inclusión y la diversidad. Se asegura mediante la construcción de una sociedad unida, respetada, valorada, no polarizada. Quedan tres años, ¿se podrá ajustar el rumbo?