Con los niños no, segunda llamada…

Primero el desabasto de medicamentos para los niños y niñas con cáncer. Han pasado tres años y el problema persiste. No hay tratamiento para cerca de 30 mil menores de edad con ese padecimiento y han muerto tres mil esperando su medicina, según los datos del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer.

En febrero de 2019, el programa de Estancias Infantiles fue eliminado por el gobierno federal. El primer paso fue quitarle 50% del presupuesto asignado y luego sustituirlo por el Programa de Apoyo para el Bienestar que —de acuerdo con la recomendación 29/2019 de la CNDH— dejó fuera a 6 mil 620 niños que eran beneficiarios, pues los centros a los que acudían no fueron censados.

En la investigación que hizo la CNDH se reportó que las autoridades federales omitieron la fundamentación y motivación para cambiar la modalidad de entrega del subsidio a las estancias, por la transferencia económica directa a los padres, sin considerar mecanismos de supervisión para garantizar que el dinero se destine exclusivamente a servicios de cuidado y atención infantil.

El pasado lunes 28 de febrero, el gobierno de la cuarta transformación eliminó el programa Escuelas de Tiempo Completo, las dejó sin un sólo peso para pagar la alimentación de 1.4 millones de estudiantes y la jornadas laborales extras de entre 30 mil y 40 mil maestros y maestras.

La intención de desaparecer el programa también inició en 2019, cuando el gobierno federal, los diputados de Morena y sus aliados recortaron 50% el presupuesto para Escuelas de Tiempo Completo que se ejercería en 2020 (de 10 mil 189 millones de pesos a cinco mil 100 millones); en 2021, la asignación fue de cero pesos, pero desde Palacio Nacional se aseguró que el programa de La Escuela Es Nuestra (LEEN) garantizaría los recursos para la operación de las escuelas de tiempo completo. La promesa fue efímera.

Con esa decisión se ponen en riesgo los derechos a la educación, alimentación, salud y seguridad de 3.6 millones de alumnos y alumnas.

Los niños no votan —se dice en la grilla política—, por eso se les castiga y se violan sus derechos constitucionales, bueno, hasta el derecho a la vacuna contra covid-19 se les ha negado a los menores de 15 años. Pero esa decisión gubernamental afecta también a los y las docentes que perderán ingresos por las jornadas extras (hablamos de las maestras y profesores de inglés, música, danza y talleres), a las madres y padres de familia trabajadores.

¿Primero los pobres? Según cifras del propio gobierno federal, 18 mil

108 de las 25 mil 143 escuelas participantes en el programa Escuelas de Tiempo Completo se encuentran ubicadas en 825 municipios de mayor pobreza, de acuerdo con la investigación periodística de mi compañera Laura Toribio (Excélsior, 3/03/2022).

Siete de cada diez escuelas atendidas por el programa son indígenas y rurales, y en el 53.8 por ciento se ofrecen servicios de alimentación a niños y niñas que, en su mayoría, se encuentran en  condición de pobreza extrema.

De acuerdo con la Red por los Derechos de las Infancias en México (REDIM), la anulación del programa educativo deja a por lo menos 65.8% de la población sin el primer alimento que consumía en el día y sin la posibilidad de atender la desnutrición y malnutrición que afecta a niñas, niños y adolescentes.

La medida impactará también a las familias, a las mujeres trabajadoras, quienes tendrán que ajustar sus horas de trabajo, disminuirlas, buscar empleos más precarios de medio tiempo o renunciar.

REDIM ha documentado que la escuela es un espacio de protección y seguridad para las niñas, niños y adolescentes, ante las diversas formas de violencia: reclutamiento por parte de grupos delictivos, venta de niñas, trata, desapariciones, trabajo infantil y cualquier cantidad de abusos y violaciones a los que están expuestos.

World Vision México documentó que, para los menores de edad, la casa es uno de los espacios donde también son víctimas de violencia. La línea 911 recibió más de dos millones de llamadas relacionadas con incidentes de violencia familiar, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Algunas familias asignan a las niñas trabajos o tareas del hogar que no debieran asumir y que además no son remunerados, como la preparación de alimentos o el cuidado de sus hermanas y hermanos.

El gobierno de la 4T no justificó la desaparición del programa de Escuelas de Tiempo Completo ni mostró evidencia de algún mal funcionamiento. Sólo se dijo que los recursos públicos se utilizarán para la rehabilitación de escuelas. La transparencia en el uso de los recursos públicos se torna indispensable ante la tentación de comprar votos con “transferencias del bienestar”.