¿Cómplices?

Durante 9 años, la organización Prisoners Defenders se ha dedicado a documentar y denunciar ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU los efectos violatorios de la Ley de los 8 años, porque separa a los menores de edad de sus padres cuando éstos deciden ...

Durante 9 años, la organización Prisoners Defenders se ha dedicado a documentar y denunciar ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU los efectos violatorios de la Ley de los 8 años, porque separa a los menores de edad de sus padres cuando éstos deciden renunciar a “la misión”, a la que fueron enviados por el gobierno de Cuba. 

Los profesionales cubanos son obligados a trabajar para el Estado y sus empresas, así como para otras naciones y empresas multinacionales bajo contratos de los que no poseen copia ni pueden negociar y son sometidos a condiciones de esclavitud. 

 Si en algún momento dejan de trabajar o no regresan a Cuba en el instante en el que se les requiere que vuelvan, se declara oficialmente el “abandono de misión” y son señalados por el Ministerio del Interior y el Estado como “desertores” y, por ello, tienen prohibida la entrada Cuba, aun cuando sus hijos menores de edad, su pareja o su familia se encuentren dentro de la isla. 

 Pero ¿qué es la Ley de los 8 años? Un conjunto de legislaciones que fomentan la pena de 8 años de separación familiar como castigo a los profesionales cubanos que se niegan a trabajar para el régimen, en las misiones médicas, de educación, deportivas, culturales, artísticas, de construcción o turismo que realizan fuera de la isla. Se basa en el Código Penal de Cuba, la Ley 1312, de Migración y la Resolución 368 de 2020 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 

 Los médicos, maestros, atletas, ingenieros, artistas, marinos y muchos más que trabajan en el exterior (entre 50 mil y 100 mil al año) son “advertidos” de las consecuencias de aplicar la Ley de los 8 años si deciden desertar o huir del país. 

Como el Estado y sus empresas se quedan con más del 85% de los salarios que otros países dan a los trabajadores cubanos, el que cumplan “la misión” sin escaparse es un asunto vital para el régimen de la isla. 

De acuerdo con la organización Prisoners Defenders, Cuba se embolsa un promedio de 8 mil 500 millones de dólares al año por estos envíos de profesionales, mientras el turismo nacional factura sólo 2 mil 900 millones de dólares; es decir, el envío de médicos, maestros o atletas es la mayor fuente de ingresos del país, un 50% de su balanza comercial, que se ejecuta en completa esclavitud. 

Más de 800 mil profesionales han sido sometidos a este trabajo esclavo desde 1963, según se ha denunciado ante organismos internacionales de derechos humanos. La Ley de los 8 años se ha aplicado a cientos de miles de trabajadores, y actualmente hay más de 5 mil menores de edad separados de sus padres por este conjunto de legislaciones. 

Por supuesto, los familiares se enfrentarán a todas las dificultades posibles para jamás salir de Cuba. Un ejemplo, el caso de la madre del ganador de 12 Grammys de Jazz, Arturo Sandoval, quien estuvo retenida en la isla decenas de años porque su hijo “desertó de la misión”. Para volverse a reunir, ella tuvo que lanzarse al mar en una balsa; igual sufrió Celia Cruz. 

Estudios científicos han demostrado las secuelas que deja la separación materno y paterno filial forzada, como ansiedad, depresión, problemas de conducta, trastorno de estrés postraumático, menor coeficiente de inteligencia, obesidad, funcionamiento deficiente del sistema inmune, entre otros muchos efectos, pues sus padres no están con ellos para cuidarlos, atenderlos y crecerlos. 

Pero la tortura del régimen cubano no termina con la separación familiar, la organización documentó que Seguridad del Estado de Cuba visita a los hijos para indicarles que no podrán volver a ver a sus padres en 8 años porque son “desertores” y “traidores a la patria”. Y ese mismo discurso lo repiten sus maestros, vecinos e integrantes del partido comunista. Prisoners Defenders tiene un informe completo de este acoso con declaraciones de 191 familias. 

Con esta amenaza llegan los médicos cubanos a nuestro país para prestar un servicio que debiera garantizar el gobierno mexicano. Tendrán que cumplir su misión de manera obligatoria en zonas peligrosas y regresar a la isla cuando se los indiquen si quieren volver a ver a su familia, que es el único aliciente, porque está comprobado que la mayor parte de su salario se lo queda el régimen. ¿Las autoridades mexicanas serán cómplices de estos atropellos? 

Por cierto, el tiempo o duración de “la misión” de los médicos cubanos en México, el número de profesionales que llegan y el salario que el gobierno de la 4T pagará directamente al Estado cubano son datos reservados que no conoceremos porque así lo determinó Cuba y lo respaldó el gobierno mexicano. 

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