Armados e ignorantes
Las personas que hablan alguna lengua indígena enfrentan mayores obstáculos en el acceso a la educación.
Niños y niñas analfabetas o que reciben una educación deficiente, o armados y obligados a pertenecer a un grupo de defensa son la evidencia de las omisiones del Estado mexicano.
Peor aún, son el retrato de la crisis educativa y de seguridad que se vive en nuestro país. Son la fotografía de dos derechos constitucionales violentados.
En México, 6.4 millones de niños, niñas y jóvenes no asisten a la escuela y la población que enfrenta mayores obstáculos en el acceso a la educación son las personas que hablan alguna lengua indígena, pues casi tres de cada 10 no asisten a la escuela.
“Se trata de niños, niñas y jóvenes que enfrentan barreras estructurales, como el idioma, la falta de infraestructura, la lejanía de planteles o las normas sociales, que limitan su acceso a una educación de calidad”, alertó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Y los que van a la escuela, prácticamente 6 de cada diez alumnos de cuarto y quinto de primaria obtuvieron menos de 40% de aciertos en el área de Lectura, y casi 8 de cada diez de quinto de primaria no alcanzaron más de 40% de aciertos en Matemáticas, lo que los coloca en un nivel de alta prioridad de atención, de acuerdo con los Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México, 2023, difundidos por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
El reto de la autoridad es reforzar las políticas y estrategias educativas para que todas las niñas, niños y adolescentes accedan y permanezcan en la escuela.
Aun comprendiendo la desesperación de los pueblos indígenas por tratar de defenderse, no se puede justificar el uso de niñez armada y reclutada.
Para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en México y América Latina, la estampa recurrente de niñas y niños indígenas armados para defender sus comunidades en Guerrero, México, nos recuerda las omisiones y complicidades criminales del Estado mexicano, ya que desde 2019 los medios de comunicación han registrado estos hechos. Ya son una expresión de la violencia armada que se ha generalizado en nuestro país.
En 2021, las comunidades indígenas asediadas por el crimen organizado han tenido que presentar ante las cámaras fotográficas y de video a niñas y niños armados, como una reacción ante el acoso criminal y las desapariciones.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han estado documentando esta situación y que las y los niños permanecen sin clases en las escuelas desde hace más de una década, con datos oficiales.
Y, a pesar de los múltiples llamados internacionales y nacionales, el Estado mexicano se ha negado, por años, a tipificar el delito de reclutamiento forzado y crear programas de desvinculación de las víctimas, en especial, niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con datos que reporta el Inegi, el incremento de homicidios infantiles es constante desde 2006, con picos en 2012, 2018 y 2021. El mayor número de homicidios entre las personas adolescentes ocurren con armas de fuego, mientras que hace 15 años las principales causas de muerte eran por accidentes.
México no se merece una población infantil abandonada, ignorante, armada y violenta. ¿A qué le estamos apostando, a una muerte prematura, a jóvenes y adultos rotos y miserables? ¿Qué esperamos: adultos productivos, responsables y comprometidos con su comunidad y país o estamos nutriendo las filas de las organizaciones criminales?