No querido lector, no se llame a sorpresa. En la política mexicana, donde el pragmatismo suele devorarse a la ideología antes del desayuno, la reciente resistencia de los “aliados” a la reforma electoral de la 4T no es un acto de rebeldía democrática, sino un instinto básico de supervivencia financiera.
Que el PAN y el PRI se opongan es natural; es su papel en el guion de la oposición. Pero que el PT y el PVEM pongan el grito en el cielo ante la posibilidad de reducir recursos y eliminar plurinominales, nos recuerda que, en las coaliciones actuales, la lealtad tiene un precio muy específico y se factura cada mes.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que la reforma busca reducir los gastos destinados a partidos, al INE y a los OPLE, además de endurecer la fiscalización para evitar que el dinero del crimen organizado ensucie las campañas. Suena impecable en el discurso, pero en la práctica, toca el corazón —o, mejor dicho, la cartera— de quienes le han garantizado la mayoría legislativa al Movimiento de Regeneración Nacional.
Hagamos cuentas, porque en los números está la verdadera historia. Morena, con la fuerza de su votación en 2024, recibirá para 2026 más de 2 mil 615 millones de pesos. Pero sus aliados no se quedan atrás: el PVEM obtuvo 832.1 millones y el PT 670.6 millones. Si comparamos con 2018, el salto es acrobático. El PT pasó de 236.8 millones a más de 670, un aumento de 183 por ciento. El Verde, ese camaleón de la política que siempre sabe a qué árbol arrimarse, lo incrementó en 126 por ciento.
¿Cómo lo lograron? Gracias a la figura de la coalición que les permite inflar sus números y, por ende, sus prerrogativas. Como bien documentó la periodista Claudia Salazar, estos partidos perderían casi 900 millones de pesos adicionales si se toca la fórmula actual. Y a eso sume las subvenciones legislativas. En San Lázaro, el PVEM pasó de tener 15 diputados a 62, lo que significa que sus ingresos anuales por bancada saltaron de 42.7 a casi 260 millones de pesos. El PT, con sus 49 diputados, se lleva más de 208 millones anuales.
Por eso, cuando escuchamos a Reginaldo Sandoval, coordinador del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, decir que la reforma “no es necesaria” porque Morena no tiene los votos por sí solo, no está haciendo un análisis académico; está lanzando una advertencia: “Para una reforma constitucional se requieren 335 legisladores... si se suma el Verde no da, si se suma el PT no da. Necesitamos sumarnos todos”.
Es la aritmética del chantaje: sin nosotros, no hay reforma.
En el Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, ahora bajo las siglas del Verde, fue más directo al defender los pluris: “Afecta a los partidos que tienen una proporción menor, porque somos una minoría”. Y luego soltó la propuesta que revela el verdadero fondo: que el dinero público se reparta en partes iguales para todos los partidos, sin importar los votos. Es decir, quieren que el ciudadano pague lo mismo por un partido que representa a millones que por uno que apenas sobrevive como satélite.
El líder Manuel Velasco ya puso condiciones: aceptan el recorte a la mitad, siempre y cuando no se use el porcentaje de votos para distribuir el pastel. Quieren socializar las pérdidas, pero mantener sus privilegios de minoría inflada.
El planteamiento, envuelto en el discurso de los “equilibrios”, tiene una lógica muy concreta: hoy el sistema favorece a Morena, y recortar bajo ese esquema significaría asfixiar a los partidos que dependen de la alianza.
Febrero es el plazo para presentar esta iniciativa que también propone eliminar el fuero y sancionar con rigor el uso de recursos ilícitos. Sin duda, son temas urgentes en un país donde la violencia delictiva y el control territorial del crimen organizado son la radiografía diaria. Sin embargo, el obstáculo principal de la Presidenta no vendrá de la debilitada oposición, sino de sus propios socios de viaje.
¿Valdrá la pena el costo de ceder ante el PVEM y el PT para sacar la reforma, o veremos una vez más cómo los ideales de austeridad se doblan ante la necesidad de mantener los números en el Congreso?. La respuesta no está en la mesa de Gobernación, está en el presupuesto. Si la reforma electoral termina siendo un traje a la medida de los aliados para que sigan facturando, entonces no avanzaremos, porque al final, como suele ocurrir en la política mexicana, no importa si la reforma es buena o mala, sino quién gana, quién pierde… y cuánto.