México vive una contradicción dolorosa: mientras desde el poder se afirma que es “tiempo de mujeres”, la realidad insiste con cifras que estremecen. Entre nueve y diez mujeres son asesinadas cada día. Diez al día. Y el horror, lejos de conmocionar, comienza a normalizarse.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto una iniciativa para fortalecer la investigación del feminicidio, endurecer penas —hasta 70 años de prisión— y homologar protocolos para que toda muerte violenta de una mujer sea investigada bajo la hipótesis de feminicidio. También plantea hacer imprescriptibles la sanción y la reparación del daño. Es un avance necesario. Pero insuficiente si no se transforma lo más profundo: la cultura que permite que esta violencia exista.
Porque el problema nunca ha sido sólo jurídico. Lo demuestran historias cotidianas. Como la del Colegio del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, donde un profesor fue exhibido por grabar debajo de la falda de una alumna dentro del aula. Fueron las estudiantes quienes lo denunciaron públicamente tras no ser escuchadas. Sólo entonces llegó la reacción institucional y los testimonios se multiplicaron: otras alumnas levantaron la voz como víctimas de otros profesores y, peor aún, ante el intento de silenciarlas para proteger la reputación del plantel.
Este caso revela una estructura que normaliza la cosificación de niñas y adolescentes y protege al agresor bajo argumentos como “tenía buena reputación”. Mientras tanto, las víctimas cargan con una vergüenza que no les pertenece. Basta ver las reacciones en redes sociales: mujeres cuestionando la ropa de las jóvenes, sugiriendo que “provocaban”. Así opera la violencia simbólica: trasladando la culpa al cuerpo de las mujeres.
Mientras tanto, afuera, la violencia escala. En Guanajuato, Andrea y Eymi Nayeli fueron asesinadas con extrema brutalidad.
La respuesta oficial vuelve a encender alarmas: autoridades han sugerido que la responsabilidad debe analizarse dentro del entorno familiar, a pesar de que la propia familia ha señalado la posible participación de otro hombre que fue liberado. Incluso frente a la evidencia, las respuestas oficiales titubean, desvían, sugieren otras narrativas.
LA IMPUNIDAD NO SÓLO ES AUSENCIA DE LEY
La impunidad en México ronda 90 por ciento. Sólo uno de cada diez casos obtiene respuesta. Y entre los menos castigados están los feminicidios. No sólo es falta de leyes: es su simulación.
México ha endurecido penas, ha tipificado delitos, ha construido marcos legales cada vez más robustos. Ahora la Presidenta presenta esta nueva iniciativa, pero el feminicidio no es un fenómeno que se resuelva únicamente con castigos más severos.
El feminicidio es el último eslabón de una larga cadena de violencias previas: el comentario que culpa a la víctima, la autoridad que minimiza, la institución que encubre, la sociedad que cuestiona el largo de una falda en lugar del agresor.
Por eso la contradicción es tan profunda. Mientras el discurso promete transformación, la vida cotidiana reproduce desigualdad. Mientras se legisla, el proceso de denuncia frecuentemente se convierte en un espacio de revictimización. Mientras se habla de cambio, las niñas no se sienten seguras ni en sus escuelas.
Diez al día no es sólo una cifra: es un síntoma de un sistema que falla en prevenir, en educar y en hacer justicia. Pero también de una responsabilidad colectiva que seguimos evitando. Esta violencia se alimenta de silencios, de complicidades, de lo que se tolera todos los días.
El “tiempo de mujeres” no puede ser sólo consigna. Tiene que sentirse en la calle, en la casa, en las aulas, en las fiscalías. Tiene que traducirse en algo básico: vivir sin miedo. Porque hoy, en México, ser mujer sigue siendo un riesgo. Y mientras ese riesgo exista, ninguna reforma será suficiente.