¿Y si todos los desaparecidos fueran de Ayotzinapa?

Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso conserva un lugar inamovible en la agenda del Estado mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne periódicamente con los padres en Palacio Nacional, les informa sobre nuevas líneas de investigación y mantiene el expediente dentro de las prioridades absolutas de su gobierno. En agosto, por ejemplo, se les presentaron avances derivados de análisis de comunicaciones telefónicas que han permitido identificar a nuevos presuntos responsables.

Y qué bueno que así sea. El Estado tiene una deuda con los 43 y con sus familias que no prescribe con el calendario. Pero, precisamente por el rigor de esa obligación, este aniversario impone una pregunta mucho más incómoda que volver a diseccionar los detalles de aquella noche en Iguala: ¿por qué Ayotzinapa sí?

No cuestiono por qué debe seguir investigándose el caso. Cuestiono por qué una desaparición puede convertirse en la prioridad permanente de un gobierno, mientras decenas de miles de familias tienen que hacer exactamente lo opuesto: perseguir al Estado para mendigar que las escuche.

La diferencia no es retórica; es brutalmente palpable. Mientras los padres de los 43 son convocados a la sede del Poder Ejecutivo para conocer los avances de una investigación que se mantiene al más alto nivel político, más de cien madres, hermanas y familiares de personas desaparecidas llevan semanas acampando frente a la Fiscalía General de la República (FGR). Llegaron desde Michoacán, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz después de encontrarse con respuestas insuficientes o inexistentes en sus propios estados. Y tras días de dormir en la calle, tuvieron que tramitar un amparo para obligar a la FGR a recibir sus denuncias. Un juez tuvo que ordenar a la Fiscalía atender a 55 de ellas.

Detengámonos a asimilar esto: más de cien madres tuvieron que recurrir a un juez para obligar a una Fiscalía a recibir sus denuncias. No están exigiendo que en ese momento les resuelvan el crimen, ni que sus hijos aparezcan por arte de magia. Están pidiendo algo mucho más básico: que la autoridad reciba la denuncia, abra el proceso correspondiente y empiece a hacer aquello para lo que existe. No esperan resultados inmediatos; demandan que el Estado cumpla con su deber y acepte dar el primer paso.

Es imposible no preguntarse qué determina esta asimetría.

Ayotzinapa tiene, desde luego, características insoslayables. Involucró a autoridades de múltiples niveles y se consolidó como el símbolo global de la crisis de derechos humanos en México. Pero existe otra razón por la que ocupa un lugar privilegiado en nuestra política: se convirtió en una causa de enorme rentabilidad para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

Durante años, Ayotzinapa fue el ariete moral con el que se construyó la crítica al régimen anterior. La promesa de dinamitar la "verdad histórica" formó parte del pacto fundacional del nuevo gobierno. Una vez en el poder, el caso se elevó a asunto de Estado. Hoy, la administración de Claudia Sheinbaum ha decidido heredar y mantener esa bandera.

Pero es aquí donde el oficialismo tiene que responder: ¿qué hizo esa promesa por todos los demás?

Porque la tragedia no nació en Iguala, simplemente se hizo innegable. El problema creció frente a nuestros ojos hasta alcanzar una dimensión inabarcable. México es hoy un país atravesado por fosas clandestinas y decenas de miles de personas desaparecidas. Las instituciones están tan rebasadas que ni siquiera sabemos el tamaño real del horror. Mientras las fiscalías reportaron 5,152 fosas clandestinas y 5,718 cuerpos entre 2006 y 2024, el Programa de Derechos Humanos de la IBERO documentó 3,516 fosas y 8,341 cuerpos a partir de su monitoreo de prensa en el mismo periodo. La discrepancia no es menor: revela que ni siquiera somos capaces de contar de la misma manera una de las tragedias más profundas del país.

Y mientras el Estado no consigue siquiera contar con precisión la dimensión de la tragedia, las madres buscan.

Buscan porque esperar la respuesta institucional dejó de ser opción. Caminan terrenos baldíos, siguen pistas y llamadas anónimas y desentierran huesos con sus propias manos porque el Estado ha dejado en ellas una tarea que debería corresponderle. Lo verdaderamente cruel es que, tras hacer el trabajo de búsqueda que le corresponde a la autoridad, todavía deben suplicar para que sus hallazgos importen.

Las mujeres que protestan hoy frente a la FGR no exigen un privilegio, exigen que sus tragedias existan legalmente. Es difícil llamar a este muro de contención una simple "falta de capacidad institucional". Cuando una madre debe dormir en el asfalto y recurrir a un juez para conseguir que la Fiscalía reciba su denuncia, el problema no es que el Estado no pueda; es que el Estado no responde con la misma urgencia a todas sus víctimas.

Y esa elección es política.

Ayotzinapa es un expediente que ningún gobierno puede darse el lujo de abandonar. Tiene rostros grabados en la memoria colectiva, presupuesto asignado, marchas anuales y una narrativa oficial que lo sostiene. Las otras decenas de miles de personas desaparecidas carecen de ese blindaje. No tienen garantizada una silla frente a la Presidenta. No ocupan las portadas de los diarios. En México, la posibilidad de ser buscado depende macabramente de la capacidad que tenga tu familia para hacer ruido mediático.

Pero en esta inercia, la responsabilidad no es exclusiva del poder. También es nuestra.

Hemos aprendido a indignarnos con Ayotzinapa y a convivir pacíficamente con el resto de las desapariciones. Hemos construido una espantosa jerarquía del dolor. Hay víctimas que se convierten en símbolos de Estado, y víctimas que se pudren como estadística. Hay ausencias que provocan conferencias matutinas, y ausencias que apenas logran que un burócrata selle una carpeta de mala gana.

Eso debería avergonzarnos a todos.

Una desaparición no debería necesitar convertirse en un emblema de rentabilidad política para merecer la movilización absoluta del Estado. El verdadero escándalo de este aniversario no es que el Gobierno ponga todo su peso en buscar a los 43; es que ese peso parezca reservado para quienes consiguieron convertir su dolor en una causa nacional.

Ayotzinapa debería haber sido el estándar, no la excepción. Si el Estado mexicano puede sostener durante doce años una investigación al más alto nivel político, también debería ser capaz de ofrecer esa misma determinación a las miles de familias que siguen buscando a los suyos.