Violentar la democracia

Por Carlos Matienzo

La función más básica de una democracia es permitir que la elección de los gobernantes y la transferencia del poder sucedan de forma pacífica. En México, este es un principio que no se cumple a cabalidad. La violencia, durante las últimas décadas, ha jugado un papel determinante en los procesos electorales y es uno de los problemas más graves que enfrentamos para la consolidación de nuestro régimen democrático.

Según datos de las autoridades federales, de septiembre de 2020 a febrero de 2021, fueron asesinadas 64 personas vinculadas a la política en México. En un conteo independiente de DataInt, detectamos que 26 asesinatos tuvieron como víctimas a personas que directamente aspiraban o incluso ya eran candidatas a un puesto de elección popular.

A lo anterior se suman los innumerables casos de políticos que son amenazados por el crimen. Tan sólo en este proceso electoral, en Jalisco, dos candidatos de Morena fueron secuestrados y obligados a desistir de sus aspiraciones políticas. En ese mismo estado, el PRI decidió no registrar contendientes en dos municipios con problemas de inseguridad.

La presencia de estos niveles de violencia en nuestras elecciones no es un fenómeno nuevo. Se da, sobre todo, ante la atomización del crimen organizado, que hoy tiene en los municipios su principal espacio de operación y que requiere, más que nunca, redes de protección en los gobiernos locales. No es casualidad que la mayoría de los políticos asesinados en México estén relacionados con puestos de los ayuntamientos. Durante las elecciones y posterior a ellas, sobre todo cuando suceden alternancias en el poder, el crimen organizado busca establecer un control informal sobre las autoridades municipales.

Sin embargo, no toda la violencia política se explica por el crimen organizado. Desafortunadamente, vivimos en un país en donde la vía electoral no ha logrado civilizar las disputas políticas en todo su territorio. En entidades como Oaxaca, la lucha por el poder aún involucra plomo y sangre. La endeble cultura democrática, la impunidad y la debilidad institucional, presentes en muchas comunidades, generan que los conflictos territoriales, étnicos y partidistas se resuelvan por las armas.

Es por todo este contexto que es doblemente inmoral la amenaza que el sancionado aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, ha emitido en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues no sólo es profundamente iliberal, sino que abona, en un país donde asesinar sale barato, a un ambiente de polarización que puede tener consecuencias fatales.

No podemos justificar estas expresiones ni banalizarlas. La violencia política en México no es ninguna broma. De las autoridades, lo menos que podemos pedir es una condena tajante. La complaciente postura que el régimen ha tenido con las agresiones (hasta ahora) verbales de Salgado Macedonio es tan agraviante como la negligente desatención para prevenir el derramamiento de sangre en lo que va del periodo electoral.

Toda expresión de amenaza en medio de los procesos electorales es contraria al objetivo fundamental de los mismos: pacificar la vida pública. México ya tiene suficientes problemas para contener la violencia como para ahora agregar el de la ejercida en contra de los árbitros electorales. No es gracioso, no está bien y no debemos normalizarla.