Las presiones del presidente Donald Trump en contra de México han vuelto a subir de tono e intensidad. Hace unos días, Estados Unidos fue anfitrión de 12 países del continente americano que le son afines, en la llamada Cumbre Escudo de las Américas, bajo el pretexto de promover la libertad, seguridad y prosperidad en la región.
Fue de llamar la atención la falta de invitación para asistir de Brasil, Colombia y México, debido a que —según la visión estadunidense— están dirigidos por gobiernos de ideología de izquierda. La invitación se circunscribió sólo a Argentina, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Honduras, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Guyana, Trinidad y Tobago, República Dominicana y Chile.
En dicha reunión, el presidente Trump utilizó la expresión de que: el “epicentro de la violencia” es México, debido a la fuerte presencia territorial que mantienen los cárteles que han ocasionado miles de muertes anuales en Estados Unidos y la inestabilidad en la región debido a sus actividades ilegales.
Aseguró que los grupos criminales mexicanos están orquestando un derramamiento de sangre y caos en todo el hemisferio. Convocó a los asistentes a conformar una coalición militar regional para utilizar la fuerza letal para combatir a los cárteles; y que la única posibilidad para enfrentarlos es utilizando los ejércitos de todos, porque las policías son insuficientes.
En el leguaje habitual —ordinario y agresivo— que lo caracteriza, se refirió de manera burlona a la Presidenta de México. Dijo que es una buena persona, con voz hermosa, pero que se niega a aceptar la ayuda y que los cárteles van creciendo, están muy cerca de ellos y no lo van a tolerar.
Nuestra Constitución establece en su artículo 89, fracción X, que es responsabilidad de la persona titular del Ejecutivo Federal dirigir nuestra política exterior bajo los principios —entre otros— de autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza; la igualdad jurídica de los Estados; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
A lo anterior —en el derecho internacional— se le conoce como la Doctrina Estrada; y desde 1988, dichos principios se encuentran en el texto constitucional y ha sido adoptados por más de 150 naciones, con la finalidad de tratar de contener las presiones de los países poderosos sobre los que están en vías de desarrollo.
A primera vista pareciera que la Cumbre que se celebró en Miami no es sólo para convocar una alianza militar, ya que ninguno de los invitados se distingue por su poderío bélico.
Más bien, parece que fue con la intención de crear un escudo para que en caso de decidirse a hacer alguna acción de combate en contra de los cárteles mexicanos, encuentre un respaldo moral regional. O bien, para evitar que se genere una posible corriente de apoyo en favor de México, en caso de que sea vulnerado nuestro territorio.
Las amenazas y advertencias del presidente estadunidense no pueden soslayarse ni mucho menos ignorarse.
El poder preponderante de los cárteles de la droga dentro del territorio nacional es una realidad. Si bien las acciones de este gobierno para combatirlos han sido diferentes —de forma radical— a como se hizo en la pasada administración, pareciera que, desde la óptica de los vecinos del norte, las acciones realizadas son sólo paliativos para curar este cáncer social que necesita un tratamiento más radical para erradicarlo.
Como Corolario, las palabras de Nelson Mandela: “Una sociedad que permite que el crimen organizado dicte sus reglas, es una sociedad que ha renunciado a su libertad”.