Retos en materia de electricidad

Por Juan Carlos Machorro

Todo país que pretende crecer y hacerlo con inversiones de calidad y largo plazo debe planear adecuadamente un crecimiento en su capacidad de generación de energía.

En el periodo 2018-2023 se añadieron solamente 16 GW de capacidad en ciclos combinados, energía solar y eólica, corriendo a cargo de la iniciativa privada la mayoría de los proyectos, con todo y las trabas conocidas implementadas por la administración que acaba de concluir. En efecto, tan sólo el 7.5% de la capacidad agregada en dicho periodo estuvo a cargo de la CFE.

Por su parte, la administración de la doctora Sheinbaum pretende contar con un 50% de energía limpia para el año 2030.

Actualmente, las energías limpias están apenas por arriba del 23% (cifras al cierre de 2023), sumamente alejado de la meta legal del 35% para el cierre de este año 2024.

La inversión estimada en el sector se calcula en 8 mil millones de dólares por año durante los próximos 15 años. Con las cifras anteriores, la pretensión de esta administración de lograr un mercado que atienda las necesidades de generación a partir de una producción a cargo del Estado mexicano del 54% parece no sólo lejana, sino imposible.

Actualmente, se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que forma parte del paquete de propuestas presentado el 5 de febrero de 2024 por el entonces presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Esta reforma se refiere a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.

Los puntos principales de la iniciativa consisten en recategorizar a Pemex y a la CFE como empresas públicas, abandonando la naturaleza de empresas productivas del Estado que tienen a partir de la reforma energética de 2013. Este punto es relevante, ya que ni Pemex ni la CFE estarán mandatadas a seguir las mejores prácticas de la industria a nivel internacional ni a generar valor en sus balances. Por el contrario, se incorpora el concepto de empresa pública con funciones de planeación y control con el menor costo al pueblo y sin fines de lucro.

Por otra parte, la reforma reinserta en el texto constitucional el concepto de servicio público de electricidad, superado desde la reforma energética de 2013 y cuando menos errático, si no es que incompatible, con la realidad actual del sector en el que los particulares operan con base en permisos (no concesiones propias de un servicio público) en actividades abiertas a la inversión en generación y comercialización de electricidad. En poco abona esta confusión al futuro del sector, y a un andamiaje jurídico de reglas claras a los permisos y los contratos existentes, y menos a los futuros.

Por otra parte, la reforma deja claro que no existirá posibilidad alguna de que el sector privado prevalezca sobre la empresa pública del Estado, CFE, lo cual resulta claramente violatorio de tratados comerciales, comenzando por el T-MEC, abonando a la enrarecida relación en el sector en el que, cabe recordar, existe un proceso de consulta cerrado en espera de que el gobierno norteamericano o el canadiense, o ambos, nos llamen a un panel arbitral. Cabe recordar que el tratado exige piso parejo en aquellos sectores abiertos a la competencia (generación y comercialización) sin que en forma alguna se valga otorgar privilegios o canonjías a empresas del gobierno mexicano.

Otro de los ingredientes inexplicables de esta reforma es que la CFE estará impedida para contratar la construcción y el mantenimiento de infraestructura de transmisión y distribución eléctrica con el sector privado. Y esto resulta altamente cuestionable debido a la escasa inversión en infraestructura durante los últimos 10 años y lo comprometido de las finanzas públicas. Lo lógico sería mantener las herramientas actuales para que el Estado mexicano, conservando el monopolio constitucional que tiene en actividades de transmisión y distribución, para que pudiera encargar al sector privado el costo de arranque en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura necesaria.

Aun cuando el nuevo gobierno ha dado algunas señales de mayor apertura, este tipo de iniciativas, más de carácter ideológico que pragmático, hacen pensar cuando mucho en un optimismo moderado para el sector.

Es verdad que se percibe un nuevo gobierno con apertura al diálogo con los participantes del sector privado, habiéndose reiterado en diversas ocasiones la promoción de energías limpias y de trabajo colaborativo con el capital privado.

Es necesario recordar que las palabras deben acompañarse de acciones y de un marco constitucional y legal que ofrezca certidumbre en un mercado de proyectos de largo plazo y sumamente golpeado en los últimos años.