Reforma energética; derrota del Poder Judicial y sus patrocinadores

Por: Fadlala Akabani

Si bien una de las tareas que quedaron inconclusas en la primera etapa de la 4T fue el ámbito energético, este atraso no se produjo por el abandono o la falta de visión; el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue muy contundente en sus iniciativas, sin embargo, y pese a contar con mayoría en el Congreso y el respaldo del pueblo de México, no le fue posible prosperar en la noble empresa de recuperar la hegemonía del Estado mexicano en materia energética.

El desprestigiado aparato burocrático del Poder Judicial, desde sus altas cúpulas hasta los empleados administrativos y operativos, está desesperado, con endeble argumentario y nula base jurídica, en una patética exhibición han intentado ordenar la eliminación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, asegurando defender el equilibrio de Poderes, la democracia y la Carta Magna.

El verdadero interés de algunos pseudo empresarios, tanto nacionales como extranjeros, radica en preservar su injerencia en el marco jurídico y constitucional de nuestro país. Son conscientes de la división que hay en el Poder Judicial y de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado la improcedencia e inconstitucionalidad de las órdenes judiciales emitidas con el fin de suspender las actividades del Instituto Nacional Electoral para organizar la primera elección de integrantes del Poder Judicial el primer domingo de junio de 2025.

¿Entonces, qué está en juego? Ni más ni menos que la total y completa capacidad del Estado mexicano para actuar con base en el interés nacional, de manera soberana y con total independencia del poder económico, recuperar el espíritu social y soberanista de la Constitución de 1917, dilapidado por el régimen neoliberal (1988-2018). Pues como mostró el pasado sexenio, el Poder Judicial se encargó de hacer imposible la reversión de la entreguista reforma energética de Enrique Peña Nieto.

Haciendo uso de la mayoría calificada que, indiscutiblemente otorgó el pueblo de México a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum se ha enfocado en cumplir su palabra: cimentar el segundo piso de la Cuarta Transformación impulsando el avance de la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas, que deroga, reforma y adiciona los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución.

En el artículo 25 fue modificada la definición de Pemex y CFE, que volvieron a ser consideradas empresas públicas del Estado. El artículo 27 establece que no habrá concesiones a privados para la explotación del litio; la participación de particulares en generación de energía eléctrica en ningún caso prevalecerá por encima de la empresa pública nacional, CFE, y determina que su esencia consiste en garantizar el abasto en el suministro, continuidad, calidad y accesibilidad a la energía eléctrica.

En el artículo 28 quedó establecido el carácter prioritario de los servicios ferroviarios nacionales, tanto de carga como de pasajeros; asimismo, dado su carácter estratégico para el desarrollo económico y social, se dotó de capacidad al gobierno de México para proveer un servicio de internet a la población sin intermediación de empresas privadas.

El dictamen ha sido aprobado, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y ya comienza a avanzar su aprobación en los 32 congresos locales y muy pronto será celebrado como una realidad por el pueblo de México. El descrédito resultado de los exabruptos y la soberbia de los miembros del Poder Judicial (que se encuentran más preocupados por la pérdida de statu quo de burocracia dorada, que por cumplir con su tarea de procurar “justicia” al poder económico) los inhabilita de facto para impedirnos alcanzar la soberanía energética, anhelo de millones de mexicanos