Pegasus: cuando la locura gobierna

Por José Ramón Enríquez Herrera*

Hablar de un cambio de paradigma en la forma de gobernar no es referirse solamente a lo que se hace, sino también a lo que se deja de hacer. Esto es especialmente relevante cuando la acción u omisión de actores gubernamentales se traduce en violación de las libertades más esenciales, como lo es el derecho a la privacidad.

Desde hace aproximadamente cuatro años, gracias al trabajo de investigación de organizaciones civiles y medios de comunicación, los mexicanos hemos podido conocer que durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto más de 15 mil mexicanos fueron espiados a través de un software insertado en sus teléfonos celulares.

El malware israelí llamado Pegasus, en teoría diseñado para espiar a terroristas con el fin de evitar acciones fatídicas, fue usado sin pudor para violar la privacidad de activistas, diplomáticos, periodistas, políticos y a los integrantes del entorno cercano de los mismos. Entre los afectados se encuentran el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en su otrora calidad de opositor, y alrededor de 50 personas próximas a él.

Hace unos días, Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que, tan sólo en el sexenio del expresidente Peña Nieto, se erogaron al menos 32 millones de dólares para contratar el software espía. Peña Nieto no fue el primero en México en utilizar una herramienta tecnológica de esta naturaleza. Años atrás, Felipe Calderón realizó lo propio a través de su más celebre operador, Genaro García Luna. Incluso, recientes investigaciones de The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, señalan que la adquisición de los servicios de espionaje también ocurriría a nivel local, como es el caso del gobierno del estado de Durango entre 2015 y 2020.

La insolencia mostrada por administraciones federales y locales en la adquisición y utilización de software espía ejemplifica sólo una de las múltiples acciones de funcionarios que tomaron ventaja de sus posiciones en la procuración de seguridad pública para la vulneración de la privacidad de ciudadanos. El cinismo mostrado por dichas autoridades puede ser equiparado a relatos distópicos de la primera mitad del siglo XX, donde se procuran mentiras institucionalizadas y mecanismos opresivos de vigilancia. La vital diferencia es que las autoridades democráticamente electas hacen cargo de estos servicios al erario, en traición al mandato popular.

Es necesario que existan sanciones a quienes aprobaron, ejecutaron o ignoraron acciones de espionaje contra miles de ciudadanos. Mientras que las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y las unidades de inteligencia de la Secretaría de Hacienda deben continuar, los ciudadanos también se hacen escuchar. Instrumentos para comunicar la inconformidad contra el abuso de autoridad y la vulneración de derechos humanos en el pasado son necesarios. Este tipo de herramientas representan una oportunidad para fortalecer la lucha por la justicia en nuestro país y castigar la acción u omisión de autoridades que no sólo les dieron la espalda a los ciudadanos, sino que se volvieron en contra de ellos.

Y es que, cuando “el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, el camino a la reconstrucción de derechos y reinstauración de libertades está guiado por el clamor de justicia. Aún más, cuando la omisión en el actuar gubernamental vulnera a los ciudadanos, el sistema de justicia deberá ser robustecido por la participación popular.

*Senador de la República