Parlamento abierto de subcontratación en Cámara de Diputados, llegó el momento de las definiciones

En estos ejercicios de deliberación democrática se han expresado innumerables opiniones que sirven para enriquecer el debate. Mucho se ha dicho acerca de la importancia que la subcontratación tiene para la estructura laboral mexicana, de los millones de trabajadores (la gran mayoría pertenecientes a sectores vulnerables) que dependen de este sistema y de la enorme relevancia que el outsourcing posee en los procesos de modernización laboral de los países más desarrollados. No obstante, es menester dejar los preámbulos y entrar cuanto antes en el terreno de las definiciones.

El problema medular es en realidad sencillo en extremo: existen prácticas ilegales dentro del outsourcing que deben erradicarse. Para solucionarlo, hay dos medidas muy simples que pueden tomarse y en las cuales han coincidido la OIT, el Ejecutivo Federal, trabajadores y empresarios: la creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación y la instrumentación de un sistema de fiscalización interinstitucional como el que se ha puesto en marcha entre la STPS, la UIF, el SAT, el IMSS y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Con estas acciones se puede garantizar el cumplimiento cabal de la legislación vigente.

No se requieren modificaciones de fondo a la normatividad actual. Si la fiscalización coordinada y con tecnología inteligente respeta el Estado de derecho, debemos celebrarla y promoverla. Por otra parte, un centro de registro de empresas de subcontratación estandarizaría realmente las condiciones de este modelo. Es menester que las reglas de dicho registro sean transparentes, que autoridades, empresas y trabajadores colaboren en su elaboración, así como que la Secretaría del Trabajo sea la encargada de dirigir su operación.

No podemos darnos el lujo de seguir retardando este proceso. Incentivar la subcontratación favorecería las inversiones, haría crecer la formalidad laboral, la legalidad y el desarrollo social y económico.

Esperemos que la Cámara de Diputados no solamente ayude a equilibrar el ejercicio legislativo en pro de la tercerización profesional y responsable, sino que sirva también para catalizar las acciones que nuestro país demanda en materia de subcontratación.