Necropoder

Por Sergio Martínez Estrada

Todo ocurrió en el microcosmos de un mitin: tarima, discurso, aplausos, disparos. Como en El infierno, de Luis Estrada, estamos ante un remedo histórico. El atentado contra Miguel Uribe Turbay es otra pesadilla que no sorprende.

¿En qué momento empezamos a fabricar sicarios con rostro de niño? La literatura lo ha dicho sin adornos: el sicario no nace, se forma. No es un fenómeno aislado, en la realidad como en la ficción, no tiene nombre ni afecto ni futuro. A veces, ni rostro. Sólo guarda un recuerdo difuso de gritos, golpes y abandono. El hogar, en lugar de ser un refugio, se convierte en el primer taller donde se aprende a herir. No hay refugio: hay fábrica.

En medio de esa lógica brutal, las exigencias del capital hacen su trabajo silencioso. La vida —y todos sus procesos— se vuelve mercancía. Todo puede ser usado, vendido o descartado. Incluso los cuerpos. Incluso los afectos.

Eso es necropoder: un concepto desarrollado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, que describe una forma extrema de control político en la que el poder ya no se limita a administrar la vida —como en el biopoder descrito por Foucault—, sino que gestiona la muerte. Es el poder de decidir quién merece vivir y quién puede ser desechado, quién cuenta y quién puede desaparecer sin duelo. Bajo esta lógica, se distribuye la muerte como si fuera política pública. La administración de la muerte bajo el disfraz del presente.

Focas aplaudidoras que, por unas monedas, repiten consignas, encubren crímenes y legitiman el engaño.

Este sábado por la tarde la violencia volvió a interrumpir la vida en mitad de una frase. Miguel Uribe Turbay —senador del opositor Centro Democrático y precandidato presidencial en Colombia— participaba en un acto de campaña en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Era un evento abierto, como tantos otros: tarima modesta, micrófono en mano, público disperso, teléfonos grabando. Pero entonces vino el corte. El estallido.

En los videos que circulan se ve el momento exacto: Uribe hablaba cuando se escuchan varios disparos. Se detiene, se tambalea y cae. La cámara de un celular tiembla, enfoca mal, pero capta la escena: el cuerpo desplomado, la confusión, los gritos. Otro video muestra el rostro del senador, pálido, con sangre que escurre por un costado de su cabeza. Lo rodean sus escoltas, que reaccionan con precisión militar. Lo suben a un vehículo blindado. Lo trasladan, primero, a una clínica cercana. Luego, ya estabilizado, fue llevado en ambulancia a la Clínica Santa Fe, una de las más reconocidas de Bogotá.

El ataque no sólo sacudió una ciudad: reabrió una herida histórica. Miguel Uribe es hijo de Diana Turbay, periodista secuestrada y asesinada por sicarios del Cártel de Medellín en 1991. Nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, sobrino de políticos igualmente marcados por la violencia. Su biografía no está separada del conflicto: ha sido esculpida por él. No se trata de un atentado aislado, sino de un nuevo capítulo en una tragedia que se recicla. Treinta años después, cambia la escena, pero no el libreto.

La Fiscalía colombiana informó que Uribe recibió dos disparos y que el presunto agresor es un menor de 15 años, armado con una pistola Glock calibre 9 mm. El presidente Gustavo Petro fue directo: el autor material es “un sicario”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la captura del joven y aseguró que se investiga si hubo autores intelectuales. “La investigación no se detiene y vamos a llegar hasta el fondo. No habrá espacio para la impunidad”, declaró. También se ofreció una recompensa de hasta 3,000 millones de pesos colombianos (unos 728 mil dólares) a quien aporte información sobre los responsables.

Desde la Presidencia, el gobierno rechazó “de manera categórica y contundente el atentado” y lo calificó como “un ataque no sólo a la integridad personal del senador, sino contra la democracia, la libertad de pensamiento y el ejercicio legítimo de la política”. Por su parte, el partido Centro Democrático expresó su “enérgica condena a un acto de violencia inaceptable”.

No gritó. No dudó. No improvisó. Apretó el gatillo como quien pulsa un botón de ascensor. Con la calma del que cumple un turno. Porque eso era: un trabajo. Alguien le dijo a quién. Alguien acordó el cuándo. Y, sobre todo, alguien pagó.

¿Quién contrató al sicario?

¿Cuánto costó?

¿Cuánto vale, hoy, una vida en América Latina?

El trato se cerró con la misma naturalidad con la que se compra una Coca-Cola. Rápido. Eficiente. Sin preguntas.

El sicario no es un loco ni un monstruo ni un espíritu violento que bajó del monte. Es un producto. Un engranaje de un sistema que necesita generar miedo para ofrecer seguridad. Empeorar lo público para vender lo privado. Dañar el tejido común para justificar el negocio de la protección. Crear inseguridad para que la violencia se vuelva rentable.

Y es aquí donde la figura del sicario se entrelaza con otra violencia, más sutil pero igual de letal: la que ejerce el orden. La violencia que no mancha, la que se esconde en las oficinas, en los balances contables, en las élites que acumulan sin mirar. Esa violencia armoniosa que adormece al país mientras crece el abismo social.

Frente a ella, el sicario es lo visible. Lo grosero. Lo innegable. Pero también es lo funcional. Es el que ejecuta lo que otros no se atreven a pronunciar. Y, en ese juego de jerarquías, el asesino es menos el enemigo que el síntoma.

Y no es sólo Colombia. Es México. Es Estados Unidos. Es toda América Latina. Un territorio donde el sicario ya no sólo mata: protagoniza. Está en las series, en los titulares, en los memes. Circula entre pantallas y barrios. Es la figura pop de un fracaso colectivo. No un monstruo nacido del caos, sino el resultado de una educación desfondada, de una ética quebrada, de una estructura simbólica en ruinas. Una sociedad que ya no promete futuro, sino revancha.

Hoy, en lugar de soñar con cambiar el mundo, muchos jóvenes sueñan con vengarse de él.

Y cómo no, si el espejo que les devolvimos fue el del miedo, la mentira… y la traición.