Por Abraham Hernández Arellano
El 20 de febrero de 2025, Estados Unidos designó a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Con ese acto, Washington cambió las reglas del juego. La pregunta obligada no es si México está de acuerdo, es si comprende la magnitud del desencuentro conceptual que esta decisión evidencia.
Cuando Estados Unidos clasifica a una organización como terrorista, activa un aparato diseñado para amenazas a su Seguridad nacional: congelamiento de activos, sanciones extraterritoriales, cooperación de inteligencia prioritaria y justificación legal para operaciones de contraterrorismo. seguridad nacional en su expresión más pura.
México, en contraste, durante todo este tiempo ha mantenido a los cárteles en el carril de la seguridad pública: detenciones, decomisos, carpetas de investigación, extradiciones. Métricas de actividad policiaca que operan con una lógica radicalmente distinta. No es que una sea correcta y la otra errónea, es que hablan dos idiomas diferentes sobre el mismo fenómeno.
La seguridad pública protege personas y persigue delitos; su horizonte es el corto plazo. La seguridad nacional preserva la continuidad e integridad del Estado; su horizonte es el mediano y largo plazo. Cuando un Estado confunde ambas misiones, termina haciendo mal las dos.
El Centro Nacional de Inteligencia se ha orientado de manera creciente al servicio de la Seguridad Pública. Los incentivos, los tableros de control, las métricas: todo empuja hacia lo operativo-criminal. La comunidad de inteligencia para la Seguridad Nacional ha quedado relegada a combate al crimen organizado, abandonando la visión integral que el Estado requiere.
El resultado es predecible: mucha actividad, poco efecto estratégico. Culiacán 2019 evidenció fallas de anticipación, alerta y coordinación. Los bloqueos coordinados de 2023 rebasaron la respuesta tradicional. El ciberataque a Pemex y Guacamaya Leaks evidenciaron vulnerabilidades sistémicas. El adversario aprende más rápido porque el sistema repite ciclos ineficaces.
Mientras tanto, Estados Unidos observa organizaciones que administran territorios, regulan mercados, corrompen instituciones y producen sustancias que en 2023 se asociaron a más de 100 mil muertes en su territorio. Para Washington, esto no es criminalidad común, es amenaza híbrida con dimensión transnacional y el mejor pretexto para aplicar sus nuevas políticas de control regional.
La designación FTO tiene consecuencias operativas precisas. Activa instrumentos financieros contra cualquiera que proporcione apoyo material a estas organizaciones.
Altera la cooperación bilateral: EU ya no pide colaboración policiaca, exige acciones contra amenazas terroristas. Y abre escenarios antes impensables: las declaraciones sobre operaciones terrestres y el uso de drones de vigilancia no son bravatas, son señales de un cambio de paradigma.
¿Qué debe hacer México? Primero, diferenciar misiones sin romper coordinación: inteligencia criminal para seguridad pública, inteligencia estratégica para seguridad nacional. Segundo, activar la Agenda Nacional de Riesgos como instrumento rector, no como documento declarativo. Tercero, proteger infraestructura crítica: puertos, aduanas, energía, telecomunicaciones —el campo donde se pierde soberanía funcional, aunque se conserve la territorial—. Cuarto, construir capacidad de diálogo estratégico con Estados Unidos basada en diagnóstico propio, no en reacción a la agenda del otro, y quinto, activar al Consejo de Seguridad Nacional, el cual tiene alcances y funciones superiores al Gabinete Nacional de Seguridad.
La decisión de Washington no se revertirá con declaraciones diplomáticas. Sólo se contrarresta con capacidad institucional. México tiene la oportunidad de recuperar la frontera perdida entre la seguridad pública y la seguridad nacional. Lo que falta es mando, coordinación y voluntad política. El reloj corre. Mientras México debate si los cárteles son o no terroristas, EU ya tomó su decisión y actuará en consecuencia.