Durazo y el cambio de estafeta

Por Carlos Matienzo

Menos de dos años estuvo Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Deja atrás, sin resolver, la agenda más urgente y trascendental de este país para dedicarse a lo que en realidad quería: la gubernatura de Sonora.

En la búsqueda de ese objetivo, el ahora exsecretario intentó pasar por la SSPC sin sobresaltos. Sin planteamientos estratégicos o de política pública que lo desgastaran. Sin ocupar un rol operativo por el cual tuviera que asumir responsabilidades. Sin diálogo con las víctimas que lo expusiera a reclamos. Sin incomodar al Presidente con objeciones frente a la militarización o a los recortes presupuestales. Sin problemas. Sin agenda. Sin impacto.

Se dedicó, fundamentalmente, a ser el vocero de las cifras delictivas. Cifras que, además, comunicó de forma deshonesta. Primero, presumiendo como un éxito la “contención” de la violencia en los niveles más altos de nuestra historia reciente. Luego, adjudicándose la reducción de los delitos que en realidad se desplomaron debido a la pandemia.

Sería injusto, no obstante, decir que su paso por esta dependencia fue intrascendente. El secretario Durazo dejó huella. Su herencia se refleja en el desmantelamiento del aparato civil de seguridad del gobierno federal. Un legado tan innegable como nocivo.

Todo vacío de poder se ocupa y el que permitió Alfonso Durazo lo aprovechó el Ejército. Pasamos de tener una Policía Federal que servía como contrapeso de las Fuerzas Armadas, a una Guardia Nacional que no es otra cosa que el aumento del despliegue de la Sedena. Lo mismo sucedió con el Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) que, a pesar de estar adscrito a la SSPC, ha quedado en manos de un militar en retiro.

Así, la autoridad civil se quedó sin rol operativo y, por lo tanto, se amputó también su poder político. Antes, por lo menos, se podía condicionar el apoyo de la Policía Federal a los estados a cambio de reformas policiales y de justicia, hoy la secretaría federal encargada de esas agendas se ha quedado sin zanahoria y sin garrote.

Ésa es la SSPC que va a heredar Rosa Icela Rodríguez: una dependencia sin las herramientas necesarias para hacer política de seguridad pública o reconducir la estrategia operativa de seguridad interior; una secretaría cuya función se ha reducido a contar delitos y plantear protocolos que muchas veces quedan en el papel ante su reducido peso frente a los gobiernos estatales.

Rosa Icela Rodríguez puede arribar con la intención de encabezar un modelo de coordinación, información y despliegue similar al que operó en la CDMX o buscar impulsar reformas de largo aliento como la de las policías locales. Sin embargo, si aún no lo sabe, pronto se dará cuenta de que la institución a la que llega juega un rol secundario debido a su falta de fuerza operativa, a la reducción de sus recursos presupuestales y a la pérdida de interlocución con los gobernadores, que hoy saben que tienen que tocar la puerta de los militares.

Lo cierto es que Durazo no es el único culpable de este desmantelamiento. Fue algo aprobado e impulsado por el propio Presidente. Por eso recompensó a Durazo con una candidatura; porque supo comportarse como al mandatario le gusta: con lealtad y sumisión. Ahora le tocará a los sonorenses decidir si ellos también quieren premiar al exsecretario.