Por Héctor Schamis
Nicolás Maduro se veía apesadumbrado. Confieso haber sentido placer al ver la escena e imaginar sus temores, obligado ahora a responder por sus crímenes. A saber, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tormentos, violaciones y torturas de carácter sexual, encarcelamientos por razones políticas y el uso de la desaparición forzada como método represivo.
Es un déspota y también un delincuente. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia presentó cargos y ofreció recompensas por información útil para su captura y la de otros miembros de su gobierno. La imputación fue por “narcoterrorismo”, con un expediente que detalla la alianza de la dictadura y el Cártel de los Soles. En agosto de 2025, el Departamento de Estado aumentó la recompensa y el Departamento del Tesoro designó al Cártel de los Soles como “organización terrorista global”.
Varios debates han acompañado esta operación desde su inicio en agosto pasado con el despliegue naval. Con la incursión en Venezuela y la captura de Maduro vuelve al centro de la discusión la cuestión de la legalidad, tanto internacional como doméstica. El gobierno de Trump es acusado de actuar contra el derecho internacional por violar la soberanía de Venezuela y la inmunidad de un jefe de Estado extranjero. El argumento es débil ya que ocurrió en muchas oportunidades, desde Kosovo hasta las dos guerras del golfo Pérsico, la segunda sin autorización del Consejo de Seguridad. Bill Clinton siempre se arrepintió de no haber intervenido en Ruanda.
En las Américas, Estados Unidos intervino en Panamá en diciembre de 1989, capturando al dictador-narcotraficante Manuel Noriega, también un 3 de enero. El presidente electo, Guillermo Endara, que había sido impedido de asumir, se juramentó el 20 de diciembre en Fort Clayton, base militar estadunidense en el país. Ya nadie recuerda que George H. W. Bush vulneró la soberanía de Panamá, que hoy es un Estado confiable, una democracia robusta y una economía próspera. Si ése es el final de esta historia, la intervención “ilegal” en Venezuela no habrá sido más que una nota a pie de página.
En cuanto a intervenir en un país extranjero sin autorización del Congreso, lo cual vulnera la Constitución, Trump y Rubio argumentaron que ello habría neutralizado el necesario factor sorpresa. “El Congreso tiende a filtrar”, dijo Trump. Algo de eso es cierto. De hecho, un secreto de Estado compartido por 100 senadores y 435 congresistas deja de ser un secreto. Además, los tribunales son propensos a ratificar la autoridad del Presidente como comandante en jefe, también un precepto constitucional.
Dicho esto, el debate central es sobre regime change, en el argot americano. Inevitablemente, la extracción de Maduro exige un cambio de régimen. La operación militar fue exquisita, la estrategia política se ve improvisada y ambigua, además de contraproducente. “Nosotros estaremos a cargo”, dijo Trump. No parece estar ocurriendo, según se vio en la rueda de prensa de Delcy Rodríguez con toda la cúpula criminal alrededor de la mesa. Designada “Presidenta interina” por el Tribunal Supremo de Justicia —es decir, por el PSUV con toga— la escena describía un cambio “en” el régimen para evitar un cambio “de” régimen.
¿Pues cómo hará Delcy Rodríguez para controlar a Diosdado Cabello, el represor en jefe? Cabello también aparece en la imputación de marzo de 2020, deberían ir por él. Dejar al régimen intacto, aún sin Maduro, truncará la transición democrática. Tampoco traerá paz social ni estabilidad, todo lo cual es necesario incluso para acuerdos petroleros sostenibles, si ese fuera el único interés de la administración Trump.
El cambio de régimen debe ser una genuina transición a la democracia con la juramentación de Edmundo González. Venezuela tiene en él un presidente legítimamente electo y una líder democrática en María Corina Machado. La oposición posee abundantes recursos de capital humano, podrá gobernar desde el primer día. Venezuela no es Irak, Libia ni Afganistán. Como con Endara en 1989, Estados Unidos debe instrumentar esa transición democrática.
Además, ésa será la única manera de garantizar la liberación de todos los presos políticos, los rehenes del régimen.