El camino hacia la paz y una política de seguridad duradera

La seguridad ha sido y seguirá siendo el principal tema de la agenda pública nacional; no sólo marcó la discusión del pasado proceso electoral, sino que, sobre todo, ha marcado a los mexicanos durante la última década.

Contrario a lo que aseveró hace unos días el secretario de Gobernación, México vive una crisis de inseguridad, violencia y violaciones a los derechos humanos; así lo demuestra el número de víctimas de este sexenio (más de 120 mil asesinados, más de 30 mil desaparecidos, más de 15 mil feminicidios, etc.) y los informes de los principales organismos de derechos humanos nacionales e internacionales (los cuales hablan de una “crisis generalizada” e incluso de “crímenes de lesa humanidad”).

Frente a esto, el a partir de hoy presidente electo ha decidido, por un lado, convocar a foros de discusión para diseñar el “plan de pacificación y reconciliación nacional”, y por otro lado, reafirmar sus propias propuestas al respecto, como volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública, diseñar una ley de amnistía y anunciar que “desde el 1 de diciembre” estará nombrado el fiscal general de la República. Aunque resulta contradictorio insistir una y otra vez en sus propias propuestas y al mismo tiempo convocar a foros de diálogo, no deja de ser positivo que desde este momento se abran espacios para el debate en torno a este tema tan importante para el país.

El día de ayer se celebró en Ciudad Juárez el primero de múltiples foros, donde la principal demanda fue la justicia, que no haya perdón ni olvido, sino una garantía de acceso a la verdad y a la justicia sobre los crímenes y violaciones a los derechos humanos que han herido profundamente a esa ciudad como a tantos otros rincones del país.

No hay recetas mágicas, pero nosotros creemos que cualquier ruta para alcanzar la paz, la seguridad y la dignificación de las víctimas debe resolver tareas concretas, que aún no está claro que formen parte de la agenda prioritaria del próximo gobierno federal: 1) el combate a la impunidad con un Poder Judicial fuerte, 2) la plena autonomía de las fiscalías de la República y de las entidades federativas, 3) la defensa irrestricta de los derechos humanos, incluyendo una Comisión de la Verdad y la garantía de no repetición, 4) el regreso gradual de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, 5) el combate a las estructuras financieras del crimen organizado (no sólo al negocio de la mariguana) y 6) el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, contemplando nuevos modelos de coordinación y la ampliación de capacidades.

Estos y otros temas, sin lugar a dudas, formarán parte de los foros organizados por el equipo del próximo gobierno, ya que son demandas de las víctimas y de las recomendaciones de especialistas y de la sociedad civil.

El equipo del próximo gobierno tiene su propia visión sobre el tema de la seguridad, la pregunta es si estos foros le servirán para adecuar y enriquecer su estrategia, y no sólo para legitimar una visión de campaña. Quizá ésta es una de las primeras pruebas democráticas del próximo gobierno: Entender que muchas demandas de la sociedad, de las víctimas y de la academia deben ser reconocidas y escuchadas para construir una estrategia que nos devuelva la paz y nos brinde una política de seguridad duradera.

                *Senador electo por Movimiento Ciudadano en Jalisco.