Del olvido al no me acuerdo*

Antes de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpiera en la escena del país, muchísima gente pensaba que ya no había indígenas (que no hay, lo que sí, son personas de pueblos originarios) y que la pobreza era obstáculo de quienes no estudiaban, no hacían esfuerzos, no entendían. Culparlos por su condición y situación. Que el EZLN conmovió especialmente a la clase política, ni duda.

Iniciaron un camino para modificar injusticias. Desde los Poderes, se apresuraron a negociar leyes que los reconocieran como sujetos de derechos, cuestión fundamental para poder incidir en presupuestos y políticas públicas. En este panorama, las “descaradas y deslenguadas” (como las llamó empáticamente Marisa Belausteguigoitia, https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/a...) asumieron su papel y reclamaron, no sólo a los poderes del Estado, también a sus propios compañeros, las injusticias que vivían en sus casas y comunidades.

Desde entonces, se ha bifurcado el camino y se han seguido diferentes rutas. Cada pueblo, cada comunidad ha intentado decidir cómo y por dónde transitar, con muchos obstáculos y más agravios. El gobierno buscó otra forma de acercarse a ellos e incidir, a veces con buena intención, pero, finalmente, con datos y estrategias. Creó la Comisión Nacional de Derechos de los Pueblos Indígenas, en 2001 y en 2003 se modificó el marco constitucional.

Violeta R. Núñez R., Jornada del Campo, informa: “A lo largo del sexenio 2001-2006, el presupuesto anual real del INI/CDI fue aumentando. Inició con mil 491.5 millones de pesos y concluyó con 4 mil 64.3 millones”. Y continúa afirmando que la mayor parte de ese presupuesto se invirtió en la construcción de infraestructura. En esos años, muchas comunidades fueron centrales en las estrategias de la CDI.

Xóchitl Gálvez argumentó que “el atraso en que todavía se encuentran las comunidades indígenas de México se resolverá sólo con grandes obras de infraestructura que, aunque son costosas, garantizan una transformación de fondo en la vida de esas poblaciones”. 

¿Qué mayor precariedad que el aislamiento? Dice Judith Butler que “la precariedad es resultado de fallas en la infraestructura social, fallos deliberados que buscan debilitarnos”. Y que “es necesario cuidar y desarrollar la infraestructura, los elementos que permiten desarrollar la vida, y también conservarlos, y desde ellos pasar de la vulnerabilidad a la resistencia convertida en fuerza movilizadora”. 

Para una comunidad aislada, sin caminos para ir y venir, la vida es cuesta arriba. Sus productos no tienen mercado, las y los maestros llegan pocos días, la salud se ve comprometida. El acceso a derechos es muy limitado. Lo primero es comunicarse en todos los sentidos y de todas las formas posibles. Desde internet, hasta brechas para que transiten niñas y mujeres sin riesgos. La justicia, para ser pronta y expedita, necesita vías de acceso.

Ponerlos en la mira de las instituciones, del presupuesto, de los derechos. Después de algunos años de atención iniciando con lo básico, pasaron nuevamente al olvido anterior al 2000. Están viviendo en el “no me acuerdo”. Algunas personas están recibiendo transferencias, sin importar las circunstancias concretas de su vulnerabilidad.

Y para las mujeres indígenas y afromexicanas que viven violencia, la transferencia, si llega, es un motivo más de agravio, de ninguna manera una solución. Las Casas para Mujeres Indígenas, creadas para atenderlas, han visto reducido su presupuesto. Cada día, más mujeres indígenas buscan apoyo, y por la exclusión y pobreza en la que viven, a muchas niñas las siguen “casando”, anulando con ello, todos sus derechos. Sí, en menos de lo que dura un suspiro, pasaron “del olvido al no me acuerdo”.

           * Frase de Juan Rulfo.