13 personas muertas y un centenar lesionadas por el descarrilamiento de un tren gubernamental recién estrenado es una tragedia que debería traer consecuencias serias. Pero luego de siete años de experiencias, cabría esperar que la simulación e impunidad vuelvan a imponerse. La 4T ha enseñado sistemáticamente que, en casos sensibles, no vale investigarse a sí misma.
La presidenta Sheinbaum anunció ayer una investigación con “mucho rigor” a cargo de la FGR y la Agencia de Transporte Ferroviario. Puede ser, aunque a juzgar por hechos anteriores, lo probable es que el análisis de registros del movimiento del tren concluya que el operador no cuidó la velocidad en un tramo de curvas y en descenso.
Difícilmente se acusarán problemas estructurales, malos materiales (saltan de nuevo los nombres de los proveedores Amílcar Olán y Pedro Salazar, “ya cuando se descarrile el tren…”) o responsabilidades de mandos de la Marina que planearon la obra, supervisaron contratos y debieron dar seguimiento a su ejecución. Ir a fondo en un caso de 13 personas muertas y tantas lesionadas por el descarrilamiento de un tren público –que en dos años no ha conseguido transportar siquiera 10% de los viajeros proyectados– tendría que ser un asunto vital en todo gobierno decente.
Incluso en uno que, por doctrina y funcionalidad, no se investiga a sí mismo.