Se cumplen hoy ocho meses de la desaparición del joven de 21 años Carlos Emilio Galván. Se lo llevaron de los baños de un bar de Mazatlán, el Terraza Valentino, uno de cuyos copropietarios, Ricardo Pity Velarde, era entonces secretario de Economía del gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa.
Aunque desde el principio pudo reconstruirse de manera consistente lo ocurrido —Carlos Emilio fue sometido en los baños y sacado del bar por al menos dos personas—, las investigaciones no conducen a nada.
El hecho bastaría para fincar responsabilidades a más de una autoridad; al Pity, en primer lugar. No ha sido así. Por eso este caso simboliza con precisión la criminalidad e impunidad que se vivían y viven en Mazatlán y en Sinaloa. Brenda Valenzuela, madre del joven, tuvo que venir esta semana a la Ciudad de México para alzar la voz y tratar de dar visibilidad a su desgracia.
“Es que la respuesta no llega”, nos dijo, cada día con más dolor. Los protocolos se dilatan. Las autoridades administran los tiempos en detrimento de la víctima. Es un caso plagado de omisiones, de obstrucciones. Ocho meses.
¿Quién podría negar que en Sinaloa existe una estructura política intocable: la del primer círculo de Rocha? Palacio Nacional le pide pruebas a Estados Unidos, sin prestar atención a las que se estrellan contra los ojos de quienes quieran mirar. La de Carlos Emilio es una de ellas. Pruebas. Piden pruebas.