Hay un párrafo de una fuerza devastadora en la carta que el vicealmirante Manuel Farías le envió el domingo a la presidenta Sheinbaum. Escribe el marino, preso desde septiembre de 2025 en el penal del Altiplano, acusado de encabezar –junto con su hermano Fernando, hoy en una cárcel federal de Argentina– una gigantesca red de contrabando de combustible, a partir de un expediente construido sobre los dichos de un testigo protegido. Manuel Farías reclama que se le haya vinculado a proceso, “sin prueba alguna que cuente con circunstancias de tiempo, modo y lugar, siendo víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa (la mañanera) un día antes de mi audiencia de vinculación, donde se me exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, ocasionando que ya tenga ocho meses privado de mi libertad, sujeto a una vulneración sistemática de mi presunción de inocencia”. El vicealmirante protesta también porque, bajo argumentos de seguridad nacional, se le niega acceso a documentos que él estima que son indispensables para ejercer una defensa adecuada. Difícil encontrar a un abogado que considere improcedente una queja así. Más en estos días en que, desde Palacio Nacional, se repite como consigna: pruebas, queremos pruebas.