Con la economía estancada y el reclamo en México y en el extranjero sobre la incertidumbre jurídica como una de las razones para que las inversiones se queden sólo en anuncios, las declaraciones de Pablo Gómez acerca de que el INE no debe tener autonomía constitucional dieron la razón a quienes hemos dicho que la reforma electoral busca ser el último clavo del ataúd de la democracia mexicana. El pasado 15 de enero, la Presidenta se apresuró a intentar suavizar las declaraciones del responsable de formular la propuesta presidencial para la reforma electoral, al argumentar que “no se trata de quitarle la autonomía al INE, pero que (ésta) sea algo razonable”. ¿Qué se entenderá por “autonomía” razonable?
Para intentar responder a esa pregunta hay que partir de un hecho: si la propuesta de reforma electoral parte de la Presidencia, como es el caso, inevitablemente buscará preservar y fortalecer las condiciones para que Morena y sus aliados continúen en el poder y agudicen las condiciones de inequidad con las que compiten los partidos de oposición. ¿Por qué propondría el gobierno una reforma que amenace la continuidad del régimen? Por el contrario, la reforma busca impedir que los síntomas de desgaste que se expresan tanto en encuestas como en la multitud de movimientos de protesta en innumerables sectores y regiones del país puedan poner en peligro el grado de control con el que hoy cuenta el régimen.
La reforma está hecha con la mira en las elecciones de 2027. En las de 2024 hubo una diferencia de 5 millones de votos entre los otorgados a Claudia Sheinbaum y los ganados por las candidaturas a la Cámara de Diputados de Morena y aliados. Morena no ganó la mayoría constitucional de 66% ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Como se ha documentado hasta la saciedad, Morena se robó 20% de curules de la Cámara de Diputados y en el Senado compró, por lo menos, a tres senadores. Lo más probable es que disminuya el caudal de votos para el oficialismo. En las elecciones intermedias hay un promedio mínimo de 10 puntos de electores que se abstienen. Ahora, recuérdese que en todas las encuestas se aprueba a la Presidenta, pero se reprueba a su gobierno. Por ello es que Morena busca que la revocación de mandato, en la que Claudia Sheinbaum sería el foco de la consulta, coincida con las elecciones intermedias. Para que esto sucediera tendría que haber una reforma constitucional, pues nuestro documento fundamental prohíbe esta coincidencia. Ya la Presidenta anunció que la propuesta de reforma incluirá “algunas reformas constitucionales”. No dude que ésta estará en el menú.
Hasta ahora, el argumento central de por qué la urgencia de una reforma electoral es dizque la necesidad de disminuir los gastos de las elecciones. Y se recurre al falso argumento de que “las elecciones de México son las más caras del mundo”. No sirve comparar peras con manzanas. El INE tiene responsabilidades y funciones que no tienen otras entidades electorales en el mundo, como, por ejemplo, la búsqueda, selección y capacitación del millón de ciudadanas y ciudadanos que cuidarán la limpieza y confiabilidad de la elección. Hay que recordar que la cifra inicial de la que parte el INE para esta selección y criba es de seis millones de ciudadanos y ciudadanas. Esto no lo hacen otros sistemas electorales. Y no menciono otras varias funciones que cuestan, como la fiscalización del gasto de los partidos, cuya mejora sería un obstáculo para las infiltraciones de dinero y candidaturas del crimen organizado.
La Presidenta ha mencionado que el abaratamiento de las elecciones es un clamor detectado en las encuestas…manipuladas desde la pregunta, faltó decir. Lo que sí es preocupante es el terco nivel del abstencionismo con una tendencia al crecimiento. Entre la asistencia a las urnas en las elecciones de 2018 y las de 2024 hay una disminución de poco más del 2.4%, casi dos millones de ciudadanos decidieron no participar en las elecciones. Lo que se requiere es una reforma electoral que devuelva la fe en las elecciones, garantizando que en éstas no participará dinero que provenga de la delincuencia y que ésta no podrá poner candidatos.
El oficialismo insiste en el tema de disminuir el presupuesto para las elecciones porque, mediante los distintos procesos de huachicoleo tolerados o incentivados por el gobierno, a Morena no le hace falta financiamiento. Y en cuanto a los plurinominales, disminuirlos en número reducirá también el peso de la pluralidad en el Congreso. Una Cámara de Diputados de 500 legisladores para un país con más de 130 millones de habitantes es perfectamente aceptable. Lo que se debe buscar es una fórmula que nos acerque a una proporción de legisladores lo más cercana posible a la voluntad del electorado. Y para todo ello se requiere un INE plenamente autónomo, capaz de velar por los intereses del ciudadano, no del partido en el poder.