Violencia de género y feminicidios en México

El próximo lunes, como cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, decretado oficialmente por la ONU en 1999. Sin embargo, en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde 1981, en honor a tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo, del que eran opositoras. Actualmente, este movimiento para visibilizar la violencia que sufren las mujeres, se conmemora cada 25 de mes, con el objetivo de generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

El Día Naranja busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia. La elección del naranja es que éste es un color que representa el futuro brillante y optimista libre de violencia contra las mujeres y niñas.

De acuerdo con la OMS, la violencia contra la mujer es un importante problema de salud pública y una violación a los derechos humanos. Para las mujeres en muchas partes del mundo, la violencia es una de las principales causas de lesiones y discapacidad y un factor de riesgo de sufrir otros problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva. En México, son asesinadas 10 mujeres al día. Con leer esta cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), debería ser razón suficiente para declarar un estado de emergencia nacional por la inseguridad y violencia por razones de género en nuestro país.

El feminicidio es la forma más extrema de la violencia que vulnera el derecho a la vida de las mujeres por ser mujeres y les impide el disfrute de todos los demás derechos. La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o exesposos contra las mujeres en México es “severa y muy severa” en 64% de los casos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016.

En cuanto a número de víctimas, según el reporte del SESNSP, entre enero y septiembre de este año, se han cometido 726 feminicidios en nuestro país. Los estados con mayor incidencia son Veracruz, entidad que encabeza la lista nacional con 140, Edomex registró 81, Nuevo León ocupa el tercer lugar con 53, Puebla el 4º, con 45 feminicidios, mientras que la CDMX registró 40 en este periodo.

La violencia es uno de los mecanismos usados para coaccionar a la mujer a una situación de subordinación hacia el hombre. La violencia contra las mujeres abarca una amplia gama de actos, desde acoso verbal y otras formas de abuso emocional, al abuso físico o sexual cotidiano. En el extremo del espectro está el feminicidio: el asesinato intencional de una mujer, por el hecho de ser mujer. El problema se agrava por el ambiente de impunidad e insensibilidad que prevalece en muchos casos.

Desde mi perspectiva, los feminicidios y la violencia de género son un problema social y de salud pública. Desde el punto de vista legal, la violencia reviste interés en tanto sea un hecho criminal, es decir una violación a la ley. Para la seguridad pública, la violencia es aquella que afecta la vida o la integridad física de las mujeres. Para la salud pública, la violencia de género se percibe por los actos violentos que ocasionan daño físico, discapacidad, secuelas, y disminución en la calidad de vida.

Aunque la violencia es un problema generalizado y adopta muchas formas, puede presentarse en todos los ambientes de la vida de las mujeres desde la calle, el trabajo y principalmente en sus hogares. Las víctimas son propensas a sufrir heridas graves o la muerte, depresión, son contagiadas con enfermedades de transmisión sexual y tienen embarazos no deseados o abortos.

La violencia es un fenómeno predecible y por lo tanto prevenible. Hay evidencias de que las mujeres maltratadas hacen uso intensivo de los servicios médicos de primer nivel y de urgencias, frecuentemente con dolencias que enmascaran el problema de fondo. La identificación temprana de la violencia puede reducir sus consecuencias. Por ello es importante, que el personal de salud garantice la protección de las víctimas y cuenten con la habilidad y formación para afrontar el problema. Para avanzar en el compromiso de lograr una vida libre de violencia es necesario incidir en los determinantes sociales.