Terror e indignación

En México, son asesinadas 10 mujeres al día. Con leer esta estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) debería ser suficiente razón para declarar un estado de emergencia por la inseguridad y violencia por razones de género en nuestro país. El feminicidio es la forma más extrema de la violencia que vulnera el derecho a la vida de las mujeres por ser mujeres y les impide el disfrute de todos los demás derechos.

De acuerdo con la Organización Mundial a la Salud, la violencia contra la mujer es un importante problema de salud pública y una violación a los derechos humanos. Para las mujeres, en muchas partes del mundo, la violencia es una de las principales causas de lesiones y discapacidad y un factor de riesgo de sufrir otros problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva. Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo es cometido por su pareja masculina.

El año pasado, la ONU, a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), externó su preocupación en su último reporte y señaló que pese a los esfuerzos del gobierno de México aún se requieren adoptar medidas “urgentes” para prevenir, investigar y juzgar las muertes violentas y desapariciones de mujeres en nuestro país. El informe, elaborado por 23 expertos, indica que las mujeres y niñas mexicanas siguen siendo blancos de la inseguridad, violencia, crimen organizado y tráfico de drogas.

La muerte violenta de mujeres por razones de género está tipificada como feminicidio, aunque, lamentablemente no en todas las entidades del país. En la actualidad, sólo 19 entidades federativas cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características para poder acreditar el delito (privar de la vida a una mujer por razones de género). Los estados son Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Existe, además, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa).

De acuerdo con el último reporte del SESNSP, de enero a julio de este año se han registrado 540 feminicidios. En cuanto a número de víctimas, Veracruz es la entidad que encabeza la lista con 114, Estado de México registró 53, Puebla ocupa el tercer lugar con 36, Nuevo León con 32 y la CDMX reconoció 26 feminicidios en este periodo. De los 10 municipios con mayor número de presuntos delitos de feminicidio, cuatro son del estado de Veracruz: Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Veracruz. Otra cifra muy preocupante es que en lo que va de agosto, en el estado de Veracruz, se han registrado 21 feminicidios.

Para la salud pública como campo interdisciplinario, el reto es innovar en políticas y programas para un abordaje integral, dada la complejidad de este problema social. Para avanzar en el compromiso de lograr una vida libre de violencia es necesario incidir en la transformación de los determinantes sociales. Los feminicidios son multicausales, dice Jimena Vilchis Cordero, quien fue directora de Derechos Humanos de las Víctimas y Agenda de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y el gobierno se ha equivocado en admitir que es un problema de salud pública que requiere atención prioritaria. 

Para que existan políticas públicas se requiere de presupuesto. Y, hasta el momento, no hay uno suficiente para atender la problemática, y lo poco que se asigna a estos programas ha sido ejercido de manera superficial. No existe tampoco una perspectiva de género en la impartición de justicia. Hay que influir desde el ámbito educativo para acabar con la misoginia persistente en la sociedad mexicana, e influir en niños y jóvenes, y apostar a la construcción de juventudes libres de violencia.