Coparticipación sobre el valor del suelo

Nos ha tocado vivir la demolición de muchos edificios en la Ciudad de México
 

En su extraordinaria colección de poemas y relatos sobre la ciudad, especialmente la de México, Vicente Quirarte —el prosista con alma de poeta— revela su amor-odio por nuestra ciudad, registrando el proceso de su paulatina destrucción (Fundada en el tiempo, UNAM, 2014, p.11).

Su obra es, además, un aporte para comprender los espacios, gentes y sabores y olores de la Ciudad de México. Al igual que otros escritores, Quirarte ha hecho de la ciudad su tema, mostrando su amor y recuerdos de lo que fue, y en lo que se ha transformado. El suyo es un valioso recuento de lo perdido y lo encontrado.

Mi experiencia ha sido similar, y he mencionado que nos ha tocado vivir la demolición de muchos edificios en la Ciudad de México.

Las explicaciones de esta destrucción son diversas, pero una muy importante es que ha sido consecuencia de la creciente valorización de la tierra en muchas zonas, y de la pérdida del valor de construcciones de poca altura, que son remplazadas por grandes edificios.

Ha sido, y es, un proceso que los promotores aprovechan para obtener ganancias en la compra de terrenos para construir edificios con mayor densidad de construcción, aprovechando la infraestructura y servicios en los que ha invertido la ciudad y que aumentan el valor de sus propiedades.

La recuperación de esas inversiones, conocida también como coparticipación del valor, reconoce que la inversión pública aumenta el valor de la propiedad privada.

Este aumento del valor se puede cobrar para financiar la construcción o renovación de infraestructura, del transporte público y de otros servicios que beneficien a todos los habitantes de la ciudad.

El impuesto a la propiedad inmobiliaria garantiza la salud fiscal de la ciudad y permite una fuente de ingresos estable, regular y a largo plazo.

Lo que no se comprende es por qué aquí no se aplica, cuando hay ejemplos en América Latina, Europa y Norteamérica, donde generan 470 mil millones de dólares anualmente.

Algunas de estas medidas incluyen el impuesto sobre el valor del suelo, las contribuciones por mejoras, la transferencia de derechos de desarrollo, y el reajuste en los valores del suelo (Lincoln Institute).

Se puede entender que la transformación es un proceso necesario en cualquier ciudad y que es evidencia de su evolución, sin embargo, lo que no se puede justificar es que se estén demoliendo construcciones que tienen valor como patrimonio cultural, con el pretexto de que la ciudad se está “modernizando”.

En este sentido, los arquitectos hemos tenido parte de la culpa, porque hemos preferido realizar obras nuevas, en lugar de utilizar y renovar edificios, sin tomar en cuenta que habitamos en ciudades que ya están construidas, y que diseñar edificios nuevos sólo es posible en zonas periféricas o en el terreno que actualmente ocupan otros edificios.

En colonias completas se han demolido viejas casas o fábricas, en cuyos terrenos se siguen construyendo enormes edificios que han llevado a una hiperdensificación que no tiene la infraestructura, vialidades ni espacios públicos que se requieren, porque las autoridades de la ciudad no tienen recursos para hacerlo.

Eso está aumentando la presión sobre el abasto de agua y energía para toda la ciudad, que se ha convertido en “zona libre” en la que se autoriza una hiperdensificación que ha destruido sensiblemente su patrimonio y parece no tener límites. 

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