CDMX: patrimonio vs. densidad

Con información del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) se sabe que la Ciudad de México tiene clasificados seis mil 979 monumentos del siglo XX, de los cuales la gran mayoría son edificios.

Además, tiene 227 centros culturales, 152 museos y 142 teatros, y sólo en el Centro Histórico hay dos mil 411 monumentos.

El 70% de ese patrimonio es de propiedad privada, y eso limita la capacidad de las autoridades de nuestra ciudad para poder intervenir en su preservación. Sucede lo mismo en los miles de sitios arqueológicos de México, de los cuales sólo se pueden cuidar y conservar los más importantes.

En el Proyecto del Plan General de Desarrollo Urbano de la CDMX, realizado en 2016 por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) con la participación del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable —conformado por el sector público y social— se incluyó una sección sobre el patrimonio cultural urbano, en la que se admite que su enorme riqueza y diversidad se encuentran desaprovechadas por dos razones: la desactualización de la información sobre inmuebles catalogados, y las restricciones legales para su conservación. Además, se señala que no existe una cifra oficial sobre el patrimonio perdido y destruido (p.63.64).

En los instrumentos de planeación se definieron Áreas de Gestión Estratégica (AGE) para incidir en la regeneración y revitalización urbana o ambiental y para proteger y fomentar el patrimonio cultural urbano (p.225).

Resulta evidente la ambigüedad de “proteger” y más aún “fomentar”; el patrimonio; porque no se señala la manera que hacerlo, ni las acciones para garantizar que esa intención se concrete.

Como cada edificio patrimonial ocupa un espacio definido dentro de la ciudad, la evolución urbana ha provocado que aumente el valor inmobiliario de ese espacio.

Hay edificios patrimoniales que por su localización, función y tamaño están protegidos de la presión del “mercado” para demolerlos; sin embargo, hay miles que están amenazados —dependiendo de su localización— por el aumento del valor del terreno que ocupan.

 La densificación de la ciudad y el atractivo de algunas zonas ha provocado que muchos edificios se compren y destruyan, y que en su lugar se construyan otros que tienen y reditúan mayor valor inmobiliario.

En las zonas centrales de la ciudad no hay más suelo urbano y, como muchas de las construcciones son de baja altura, se han demolido sistemáticamente centenares de edificaciones para redensificar algunas colonias y alojar más población y generar mayores ganancias.

Ese proceso de reciclamiento ha provocado que las plusvalías entre el valor inicial y el actual sean sólo para los desarrolladores inmobiliarios y no para beneficio de la ciudad; cuyas autoridades no tienen suficientes recursos para fortalecer y mejorar la infraestructura de agua y drenaje, los servicios, o los espacios públicos en esas colonias.

Con esos antecedentes se puede comprender que los edificios del siglo XX, que no están en zonas ya densificadas tienen una situación difícil para preservarlos.

Muchos no cuentan con una declaratoria legal que los proteja y tienen la presión que representa los valores del suelo en las zonas de la ciudad; que hacen muy atractivas las inversiones inmobiliarias, demoliendo edificios con poca área construida.

De manera que las propuestas del Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, tanto de regeneración y revitalización urbana, como de protección del patrimonio, están en conflicto; porque se han demolido edificios patrimoniales y se ha construido en esos terrenos.