CDMX: Patrimonio destruido

Denunciar la destrucción de edificios valiosos en nuestra ciudad es para muchos anacrónico y nostálgico; es oponerse al progreso o a la “evolución” de una ciudad que debe ser dinámica y moderna. Ese argumento es muy atractivo ante la opinión pública porque justifica cualquier demolición; aunque, en realidad, es un proceso encubierto de especulación inmobiliaria.

La especulación con el valor del suelo urbano ha sido el motivo principal para destruir el patrimonio construido, porque por encima de su valor cultural está el valor del terreno que ocupa, lo que permite aumentar el volumen de construcción, que siempre es mayor que el valor inmobiliario del edificio original.

Ese proceso promueve —básicamente— lograr la máxima ganancia en la inversión económica.

Por eso, el error que se ha cometido reiteradamente al defender y preservar algún edificio es que no se considera su valor como inmueble y se resalta la importancia y valor cultural que tiene.

Ese argumento no es válido en los juicios que se someten al fallo de un juez; que se pierden, porque no se puede demostrar objetivamente su valor cultural, que es simbólico y de importancia colectiva.

En el caso de edificios anteriores al inicio del siglo XX, es más difícil que las autoridades decidan destruirlos, aunque se ha permitido en varias ciudades del país, pero muchos del siglo XX han sido demolidos como resultado de una autorización justificada legalmente.

Ésa ha sido la manera de destruir un edificio; pero hay otros “trucos” que no requieren un permiso.

El más usado es dejar que se deteriore hasta que se derrumbe, aunque eso es un proceso muy lento.

Otro, es tapar las bajadas de agua pluvial, para inundar la azotea y provocar una falla estructural en el techo, que justifica la demolición; y el más rápido es demolerlo entre sábado y domingo, pues de esa manera ya no queda nada que proteger.

Esos “trucos” deberían estar clasificados como delitos; sin embargo, los dueños del edificio evaden esa responsabilidad, contratando a personas, que son las únicas culpables si las autoridades deciden actuar.

La importancia de los edificios no sólo es cultural, es también económica, y eso es lo que explica que se sigan destruyendo.

La búsqueda para obtener la mayor y más rápida ganancia en las inversiones inmobiliarias ha propiciado que se destruyan edificios que, por su localización, son muy atractivos.

Como están en avenidas, parques o colonias bien ubicadas, tienen un valor que ya no corresponde con su precio original y por eso muchos han sido demolidos.

Esa diferencia en el valor del terreno es muy codiciada porque —además— permite construir otro edificio más grande que, en el mismo terreno, tiene mayor valor en el mercado inmobiliario.

Ante esa presión, de nada vale la apasionada defensa, el exhorto o la denuncia de la destrucción del patrimonio construido.

Si a esa situación se añade que se han autorizado los cambios de uso de suelo o la delimitación de “polígonos de actuación especial” que han sido enormes ganancias, tanto para sus promotores como para algunas autoridades, se puede comprender la destrucción paulatina y tenaz de edificios importantes que aún tenían decenas de años de vida útil y de algunos que —además— eran de valor patrimonial.

La defensa del patrimonio construido no sólo es de importancia cultural, es también una lucha injusta contra poderosos intereses; y eso crudamente, como lo dijo el presidente Bill Clinton: “…es la economía, estúpido”.