CDMX: patrimonio conservado
Zonas que tenían una identidad que las distinguía han sido severamente dañadas
En nuestra ciudad se han identificado 173 áreas o perímetros de conservación patrimonial que comprenden más de 15 mil edificios que han sido catalogados como patrimonio cultural.
La superficie de esos perímetros es de casi 11 mil hectáreas, que representan el 14 por ciento del área urbana. Esos perímetros tienen una imagen que debe mantenerse y preservarse; porque tienen la traza y las características de barrios, calles o avenidas representativas de la ciudad.
Sin embargo, hay colonias como Azcapotzalco, Anzures, Clavería, Condesa, Juárez, Mixcoac, Polanco, Roma, Santa María La Ribera, San Rafael y otras, que tenían un gran número de edificios del siglo XX que han sido demolidos sin mayores trámites; porque no tenían ninguna protección legal para evitar la destrucción, que ha dañado la imagen de la ciudad.
Zonas que tenían una identidad que las distinguía, han sido severamente dañadas con edificios —la mayoría de las veces peores que los originales— que han aumentado la densidad, la demanda de agua y de servicios, con la misma infraestructura y vialidades, que no han sido ampliadas o mejoradas.
Esa destrucción del patrimonio del siglo XX ha sido constante, permitida por autoridades, y sin la autorización del Instituto Nacional de Bellas Artes, que cataloga y protege ese patrimonio.
El problema principal para proteger esos edificios es que son miles y, salvo unos cuantos que logran atraer la atención del público, los demás han sido y son demolidos sin ningún control; y la imagen de la ciudad ha sido alterada impunemente.
Existe una Comisión Nacional de Preservación del Patrimonio Cultural y, en el caso del Centro Histórico,
el gobierno de la Ciudad de México cuenta con un decreto presidencial (1980), una autoridad para su gestión (2007), un fideicomiso (2008), y con el Programa y Plan de Manejo (2011) (Rincón Gallardo, E. El futuro del Valle de México. CAM/SAM, 2017, pp. 143-150).
Esa estructura legal lo ha protegido desde esas fechas; sin embargo, durante décadas se demolieron edificios –del siglo XX y anteriores– sin ningún control.
El deterioro de algunos edificios era tal que varias iglesias coloniales eran usadas como estacionamientos.
Se demolieron edificios patrimoniales para construir otros de ínfima calidad que alteraron la imagen de calles y avenidas, sin que por décadas se controlara o limitara nada. Si eso sucedió en el Centro Histórico, se puede comprender lo sucedido en barrios menos importantes.
La destrucción del patrimonio edificado ha sido similar en muchas ciudades del país; donde se ha confundido la necesaria ampliación y renovación de la ciudad, con la urgencia de “modernizarla” destruyendo o mutilando edificios históricos sin ningún control.
El problema central que enfrentan las organizaciones que luchan para proteger edificios de valor patrimonial es la enorme presión que representa el valor del suelo urbanizado.
Ante esa presión poco valen los argumentos en favor de su valor cultural e histórico que, además, no es reconocido legalmente con programas o planes que los amparen.
El resultado ha sido que sólo se protegen centros históricos, grandes edificios, o conjuntos educativos, médicos o administrativos y se siguen demoliendo impunemente edificios, sin que la mayoría de nuestras ciudades cuenten con un Plan de Protección Patrimonial, en el que deben participar los ciudadanos, que controle y gestione —a corto, mediano y largo plazo— la evolución de cada ciudad, con acciones y normas precisas.
