CDMX: negocio vs. patrimonio

El proceso de expansión urbana en nuestra ciudad ha sido —por decirlo simplemente—explosivo. En sólo sesenta años su superficie se amplió, primero sobre los municipios de Naucalpan y Nezahualcóyotl, y posteriormente sobre otros 73 en el Estado de México. Ahora la ciudad original se ha convertido en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con 21.8 millones de habitantes; de los cuales 8.78 viven en esta ciudad y 12.87 en el Estado de México.

Ese aumento explosivo de habitantes y de superficie construida explica los enormes problemas que diariamente se tienen en la ZMVM. Los más graves son la falta crónica de agua potable, el desperdicio y contaminación del agua de las lluvias, la congestión vehicular, la contaminación y destrucción ambiental, y la falta de un sistema metropolitano de transporte público.

La construcción sobre el suelo urbano en la CDMX se consolidó durante el siglo XX en las principales avenidas y colonias, en las que se tienen algunos edificios de valor cultural que constituyen un patrimonio colectivo.

Algunos ejemplos notables son conjuntos habitacionales como La Mascota, el edificio Ermita, o el multifamiliar M. Alemán, o edificios valiosos como el del IMSS. Sin embargo, el problema principal en la conservación de edificios es su cantidad, especialmente los del siglo XX, que son miles.

El derecho de los propietarios de edificios valiosos está muchas veces en contra de la defensa del patrimonio que representan. Un caso evidente ha sido la transformación de Paseo de la Reforma.

Originalmente, en la mayoría de los lotes se construyeron residencias que han sido demolidas para que grandes edificios ocupen esos espacios; el resultado es que sólo quedan 3 o 4 casas que, milagrosamente se han conservado. Eso se ha repetido en otras avenidas —como Insurgentes— a las que se ha cambiado casi completamente su imagen original.

Con esa experiencia se puede comprender que cualquier ciudad se transforma, y que no todos los edificios tienen valor patrimonial, pero también que la demolición de centenares de ellos ha deteriorado gravemente la imagen de la Ciudad de México.

Ese proceso ha provocado cada vez más luchas entre los que consideran que tienen el derecho de demoler cualquier edificio, y los que se oponen, justificando su valor para la ciudad. Una lucha entre el valor económico y el simbólico; que algunos no consideran importante.

Sólo en el Centro Histórico de la ciudad, que es Patrimonio de la Humanidad, hay 3,100 lotes, y en ésos, los edificios del siglo XX son más del 60 por ciento (Santa María R. Arquitectura del siglo XX en la Ciudad de México. UAM, 2005). Muchos no son valiosos, pero otros sí, y deben ser conservados.

El problema es que las autoridades no han reglamentado las características que debe tener un edificio para ser preservado, ni los límites y responsabilidades de su dueño para conservarlo.

Además, con la experiencia de muchos países, deberían de delimitarse avenidas o zonas que deben preservarse más estrictamente, y otras en las que se pueda modificar el uso y destino de las construcciones. Eso ha permitido que muchas ciudades conserven una imagen más homogénea que las hace muy atractivas.

En cambio, en nuestra ciudad se autoriza la demolición de muchos edificios en avenidas y calles, sin ningún control sobre los efectos que esa destrucción produce en su imagen. Es una lucha desigual entre un derecho individual, contra el patrimonio de la ciudad… que es de todos.

En el Centro Histórico de la ciudad, el 60 por ciento de los edificios son del siglo XX.

Muchos edificios no son valiosos, pero otros sí, y deben ser conservados.